Narváez enfatizó que la justicia penal tiene la obligación de respetar las garantías constitucionales y los derechos civiles y políticos de los ciudadanos previstos en la Constitución y dejar de ser un instrumento de represión y encarcelamiento de quienes ocupan puestos de autoridad.
Según el comunicado, para tener elecciones libres en nuestro país, el Estado debe permitir la liberación de presos políticos y víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y el debido proceso. También es necesario poner fin a las detenciones arbitrarias y el encarcelamiento de disidentes de la oposición.
El declarante dijo que el CNE debe frenar el descarado aprovechamiento del Estado, que está plagado de inhabilitaciones y acusaciones públicas. También exige que el Plan República cumpla con la Constitución y no exceda su mandato.
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