La Corte Suprema de Brasil despenalizó este martes la posesión, cultivo y consumo de marihuana para uso personal, por considerarlo sólo un acto ilegal de carácter administrativo.
La mayoría de magistrados interpretó que el consumo de drogas no es un delito porque la ley actual, aprobada en 2006, ya despenaliza y las que se condenan son sólo penas menores como la prestación de servicios comunitarios.
«El consumo no está castigado con arresto o encarcelamiento, por lo tanto, no es un delito. El consumidor no debe ser criminalizado, debe ser tratado con políticas de salud pública y socioeducativas», afirmó el juez José Antonio Dias Toffoli durante el debate.
Además, Toffoli señaló el «estigma» asociado a la criminalización, que puede impedir que los usuarios pidan la ayuda que necesitan.
De todas formas, y ante las críticas expresadas en los últimos meses por los legisladores de mayoría conservadora en el Congreso, los magistrados insisten en que no se legaliza el consumo, medida que recae en el Poder Legislativo.
«El consumo de drogas ilícitas es malo y el papel del Estado es combatir el tráfico y tratar a los adictos», afirmó el presidente del tribunal, Luís Roberto Barroso.
Problemas de discriminación
La mayoría de magistrados coinciden en la necesidad de establecer una cantidad de marihuana para distinguir al consumidor del traficante, que se enfrenta a una pena de prisión, porque la ley actual no lo establece.
La ausencia de un límite abre las puertas a conductas arbitrarias por parte de policías y jueces, que según los magistrados pueden derivar en casos de discriminación que afectan principalmente a los negros pobres.
Según los datos citados durante el debate en el Tribunal Supremo, 20 gramos de marihuana son suficientes para que un joven negro analfabeto sea considerado traficante, mientras que en el caso de un hombre blanco educado la cantidad es de 58 gramos de media que queremos Para evitar esa discriminación entre ricos y pobres, queremos una regla que sea igual para todos», dijo Barroso, durante una sesión la semana pasada.
Los jueces propusieron cantidades que oscilaban entre los 10 y los 60 gramos, aunque una minoría en el tribunal indicó que debía ser el Congreso quien estableciera.
