El fiscal general Tarek William Saab, aseguró este jueves que los seis hombres condenados a 16 años de cárcel por los delitos de conspiración y asociación para delinquir sean sindicalistas. Según el funcionario, organizaciones no gubernamentales y trasnacionales los calificaron de esta forma como parte de una campaña para hacer ver que el gobierno de Nicolás Maduro viola derechos humanos.
Aseveró que Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Alonzo Meléndez y Nestor Astudillo no pertenecen a ningún sindicato. Detalló que durante el juicio no hubo organización sindical que saliera en su defensa. Agregó que cuando fueron detenidos tampoco se encontraban en labores de tipo sindical.
Señaló que las investigaciones evidenciaron que “ninguno de ellos son trabajadores activos” y que solo aparecen en el Instituto Venezolano de Seguro Social (IVSS) como “cesantes”.
“Se hizo este ropaje para lesionar al Estado venezolano. Ninguno de los ciudadanos presentó alguna constancia que los acreditase como integrantes de algún sindicato”, dijo Saab. Al mismo tiempo, indicó que en las extracciones de información telefónica las autoridades corroboraron que “se relacionaban para realizar actividades conspirativas”; entre ellas, según lo dicho por el fiscal, asaltar un conscripto de alistamiento militar de San Jacinto, en el estado Mérida, para apropiarse del parque de armas.
“Planificaban actos de sabotaje y entorpecimiento de las actividades del 5 julio del 2022, donde se encontraba presente el mandatario Nicolás Maduro”, agregó.
Tarek William Saab enfatizó que Alcides Bracho era el líder de la organización y que estaba bajo instrucciones de Ángelo Heredia, exfuncionario de la Guardia Nacional, «en situación de desertor que presuntamente vive en Colombia».
Agregó que este caso se trató en una reunión con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Afirmó que delegación de la Organización de las Naciones Unidas quedó satisfecha con la información que se le brindó.
Dijo que la delegación pudo verificar que las personas no fueron procesadas por solicitar mejoras salariales, «sino que estaban siendo juzgado por realizar actos conspirativos en contra del Estado».
VTV
