Los tribunales de Venezuela han dictado una orden de privación de libertad, que deberá cumplirse en el Helicoide, contra la activista venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, detenida desde el viernes de la semana pasada por su presunta participación en un complot para asesinar al presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios. confirmó este martes uno de sus abogados.
“La defensa de Rocío San Miguel y otros familiares confirman que se ha dictado la privación de libertad judicial del director de la Agencia de Control Ciudadano”, informó X. el abogado José González Taguaruco.
Dijo que el lugar de detención de San Miguel es la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide, Caracas.
Rocío San Miguel será detenida en el Helicoide
La defensa también confirmó la privación de libertad de Alejandro José González Canales, expareja del activista, cuyo centro de detención será la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
En otro mensaje, González Taguaruco señaló que Miranda Díaz San Miguel, hija del activista; Miguel Ángel y Alberto San Miguel, dos hermanos, y Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda, que también había sido detenido, fueron liberados con órdenes de «no salir del país» y «no hablar con los medios».
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó este martes que San Miguel fue presentada la noche del lunes ante el Segundo Tribunal Antiterrorista, y que el parlamentario solicitó medida privativa de libertad en su contra por «presunta comisión de delitos». «por traición, conspiración, terrorismo y asociación.
También destacó que se había solicitado prisión «preventiva» para González Canales por «presunta» comisión de delitos de revelación de secretos políticos y militares relacionados con la seguridad nacional, obstrucción a la administración de justicia y asociación.
Saab aseguró que tanto la activista como cinco de sus familiares parecían «creerse involucrados» en el complot denominado ‘brazaletes blancos’, cuyo objetivo era «atacar la vida del jefe de Estado, Nicolás Maduro y otros altos funcionarios». » .
En las últimas horas, la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas en Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional, así como cientos de ONG locales, han expresado su preocupación por la detención de San Miguel y han Pidió a las autoridades del Estado venezolano respetar sus derechos.