El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha decretado un nuevo estado de emergencia, en plena crisis energética y a pocos días de la consulta popular. El motivo de la medida responde a la emergencia que vive el sector eléctrico, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio público eléctrico, detalla el documento.
El nuevo estado de excepción, que durará 60 días, da paso a una emergente y urgente intervención de las instituciones estatales para proteger la prestación del servicio eléctrico, según el Ejecutivo.
Con esta decisión, el presidente Noboa dio paso a que los militares resguarden las hidroeléctricas a partir del viernes. La disposición se produce en medio de denuncias del gobierno por presunto sabotaje en el sector eléctrico.
El jueves, la administración acusó a funcionarios del sector del repentino vaciado de la presa de Mazar, uno de los embalses más importantes del país que alimenta un complejo hidroeléctrico en el sur del país.
El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Izurieta, afirmó en una entrevista la víspera con el canal local Teleamazonas que «se han abierto los caminos» y «dejar correr el agua».
El Gobierno insiste en afirmar que la presa fue vaciada deliberadamente como sabotaje contra la consulta popular del próximo domingo, un proceso clave para el futuro del presidente y del país.
La acusación recibió respuesta del gerente de la División Sur de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), José Gómez, quien en declaraciones a la televisora RTS afirmó que «lamentablemente la información que circula no es idónea». Según Gómez, la presa no tiene puertas y agrega que todos los programas de nivel los hace el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) y aquí solo se cumplen sus disposiciones.
En ese contexto, Ecuador se prepara para acudir a las urnas este domingo, cuando cerca de 13 millones de ciudadanos aquí responderán 11 preguntas en la consulta popular y referendo propuesto por el reino de Noboa.
Con esta iniciativa, el presidente ecuatoriano busca reformar las leyes vigentes sobre control de armas y municiones por parte de las Fuerzas Armadas, así como la tipificación de los delitos por posesión de armas y aumentar las penas por terrorismo o crimen organizado.
La propuesta del presidente fue calificada de errática e innecesaria, pues abarca temas que pueden ser discutidos en la Asamblea Nacional (Parlamento) sin necesidad de realizar el proceso.
Fuente: Prensa Latina
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