El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, autorizó este sábado la tenencia y transporte de armas de uso civil para la defensa personal.
Esto sería parte de un conjunto de medidas tomadas por el Gobierno para combatir la ola de inseguridad en el país.
Entre otras medidas tomadas por el Ejecutivo -anunciadas en televisión nacional- está la prohibición de fabricación, registro y tenencia de armas caseras.
De igual manera, se ha ordenado el desarrollo de controles y registros informativos, los cuales serán asumidos por la Secretaría de Seguridad Pública.
“Debo comentar que los guardias de seguridad privada apoyarán a la Policía Nacional en las tareas de vigilancia y seguridad, portando sus armas en sus labores”, dijo Lasso, citado en comunicado de prensa oficial.
Estado de excepción en dos provincias de Ecuador
Otras medidas tomadas por el Gobierno de Ecuador incluyen la declaración del Estado de Excepción en las provincias de Santa Elena y Los Ríos; y en la Zona 8 que comprende los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón.
Con esto, el toque de queda se implementará a partir de este domingo 2 de abril, de una a cinco de la mañana.
De la misma manera, se formó la Cruzada por tu Seguridad.
Esta medida -indicó Lasso- servirá como “una estrategia que aúna todas las fuerzas del orden -Fuerzas Armadas, Policía Nacional e Inteligencia- en favor de la seguridad, la paz y la tranquilidad”.
Para fortalecer y reforzar las capacidades de la Policía Nacional, este viernes en Guayaquil se entregaron 130 vehículos repotenciados y más de 400 nuevos policías se integraron a las filas de la institución.
“Este contingente se suma a las Fuerzas Armadas que vigilan las vías”, explicó el mandatario.
Durante 2022, el presidente Lasso decretó tres veces el estado de emergencia para Guayaquil y otras ciudades para hacer frente a los altos índices de delincuencia e inseguridad.
Según TeleSur, las nuevas medidas para combatir la inseguridad en Ecuador siguen al ataque con explosivos a un guardia de seguridad, el asesinato de dos directores de hospitales, los ataques a entidades bancarias y el asesinato del empresario Rubén Cherres, presuntamente vinculado a la mafia albanesa.
