La Policía Federal de Brasil ha presentado cargos contra el expresidente Jair Bolsonaro por su implicación directa en el complot golpista que buscaba derrocar y asesinar al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones de 2022, informaron este jueves fuentes oficiales.
La acusación incluye a 37 personas por los delitos de «abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y asociación ilícita», según informa en una nota.
Bolsonaro, el exmilitar de extrema derecha que gobernó el país entre 2019 y 2022, fue incluido en la lista de investigados por el caso y está entre los identificados por la Policía Federal, además de varios militares, entre ellos algunos generales, exministros y ex asesores de su gobierno.
Al momento del asalto a los poderes del Estado en enero de 2023, Bolsonaro se encontraba en Miami, EE.UU., y desde allí apoyó los hechos violentos, lo que motivó su inclusión en las investigaciones.
La lista tiene a Walter Braga Netto, general de la reserva del Ejército y quien fue ministro de la Presidencia y de Defensa, además de candidato a vicepresidente de Bolsonaro en 2022; y Almir Garnier Santos, ex comandante de la Armada.
La investigación confirmó la existencia de un complot que actuó «de manera coordinada», tras las elecciones de 2022, para «intentar mantener» a Bolsonaro en el poder.
Asalto e intento de asesinato
Esta misma semana, las autoridades brasileñas arrestaron a cuatro militares y un oficial de la Policía Federal acusados de conspirar para asesinar a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, investigador del caso.
El objetivo, según la investigación, era asesinar a Lula y Alckmin, y crear un «comité de crisis» compuesto por militares simpatizantes de Bolsonaro. Los planes contemplaban el envenenamiento como una forma de acabar con la vida de la fórmula que ganó las elecciones de 2022.
Uno de los detenidos en ese operativo fue el general de reserva Mario Fernandes, quien aparece en la lista de imputados difundida este jueves por la Policía.
El informe final de la Policía Federal, que tiene más de 700 páginas, fue enviado a la Corte Suprema, que supervisa el caso.
