Una nueva polémica surgió ayer entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el titular de la Fiscalía General de la República, Francisco Barbosa.
En esta oportunidad, el tema central de la discusión es la supuesta inacción de varios funcionarios de la Fiscalía, quienes habrían tenido información sobre las amenazas de muerte que pesaban sobre 200 personas, quienes finalmente fueron asesinadas por el Clan del Golfo.
Desde Salamanca, en su visita oficial a España, el presidente recordó las funciones asignadas al jefe del Estado en la Carta Magna y dijo que sus miembros deben respetarla.
“El Estado comprende todas las ramas del poder público, las coordina y garantiza su autonomía”, dijo.
En un tuit anterior, el presidente dijo que el fiscal general «quería evadir responder una pregunta de un reportero». Sobre esto último, Petro se refirió a la denuncia publicada en La Nueva Prensa por el periodista Gonzalo Guillén, quien asegura que un grupo de fiscales del Ministerio Público supuestamente conocían una lista con los nombres de 200 personas que serían asesinadas por el Clan del Golfo.
Tribunal «exasperado». Ante las polémicas declaraciones, la Corte Suprema indicó que tenía “gran preocupación por la interpretación errónea del artículo 115 de la Constitución”. Frase a la que Petro respondió “El artículo 115 de la Constitución designa al Presidente de la República elegido por mandato popular como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y máxima autoridad administrativa”.
