El Observatorio Penitenciario de Venezuela (OVP) publicó este jueves 23 de marzo su informe anual 2022 sobre la situación de las cárceles venezolanas, donde destacó que la falta de condiciones sanitarias y de alimentación adecuada para la población carcelaria estableció “vías de sobrevivencia”. en estas estructuras, donde el sostén recae principalmente en los bolsillos de los familiares de los presos.
El Observatorio reveló en su informe que en 2022 había 33.558 personas detenidas en las distintas cárceles del país, de las cuales 30.998 son hombres y 2.560 mujeres. Esta cifra supone «un hacinamiento crítico del 164,19%».
A su juicio, la precariedad de estas cárceles deja más vulnerables a mujeres, adolescentes e indígenas.
Desde 2017 hasta el año pasado, la OVP contabilizó la muerte de 1.032 personas bajo custodia. Al menos el 44,8% de las muertes corresponden a condiciones de salud, siendo 2022 el año en que se registró el mayor número de muertes por estas causas (72,37%).
Las principales enfermedades reportadas por los reclusos son la desnutrición severa y la tuberculosis. Se ha observado que los presos apenas tienen acceso al agua para consumo e higiene, mientras que las comidas consisten principalmente en pequeñas porciones de carbohidratos y los platos de «aguarotes», que es agua con algunas verduras, pasta o trigo.
Debido a la precariedad de la atención que brinda el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Servicio Penitenciario, la salud y nutrición de los privados de libertad recaen directamente en las familias, quienes deben entregar semanalmente paquetes de alimentos, medicinas, productos de higiene personal y agua. .
Además, el informe precisa que el gobierno nacional, lejos de buscar soluciones enfocadas en el respeto a los derechos humanos, ha mantenido una política de desatención a la población carcelaria que “” ha resultado en violaciones directas a la vida e integridad personal de cada uno. de las personas bajo su custodia.
control compartido
En relación a la gestión y control de las cárceles, el informe consideró que de las 31 estructuras evaluadas por la OVP, se documentó que ocho de ellas están controladas por el Ministerio del Servicio Penitenciario, otras ocho están bajo la figura de pranes estructuras). y 15 de ellos están bajo una figura mixta, es decir, el Ministerio y los pranes «comparten» el control de estos lugares.
El Observatorio también recordó que la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos aprobaron diversas medidas de protección a favor de los privados de libertad, pues declararon la responsabilidad del Estado venezolano en el incumplimiento de las personas detenidas en el país. .
La ONG también llamó la atención sobre el abandono y la falta de políticas que favorezcan una reinserción social exitosa de los internos. A la falta de guardias se suma la disminución del personal que brinda atención integral a los internos, como médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales y educadores.
Este tipo de carencia, destaca la OVP, se agrava en los centros que acogen a jóvenes “que por su desarrollo mental y emocional también deben contar con psicólogos, psiquiatras y sociólogos; sin embargo, hemos conocido casos en los que los trabajadores que impartían clases Los cursos y consultas psicológicas dejaron de asistir a estos centros por falta de recursos, dejando a los jóvenes prácticamente solos y con menos custodia, lo que agrava el peligro de fuga de violencia en prisión.
Además, las constantes denuncias de familiares sobre abusos verbales por parte de tutores de familiares, así como registros intrusivos, incluso de personas mayores, se destacaron como una condición esencial para acceder a estas estructuras. “Este personal no solo no está capacitado en una perspectiva humanista del sistema penitenciario, sino que tampoco cuenta con el equipo necesario para realizar su trabajo, ni se les ofrece un salario suficiente y digno a cambio de su trabajo”.
Estas situaciones, afirmó la ONG, provocan que «hay una mayor disposición a participar activamente en actos de corrupción, ya sea exigiendo grandes sumas de dinero o permitiendo que el control de las cárceles sea dado por los pranes».
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