El Ministerio Público (MP) solicitó abrir un juicio para 22 personas detenidas en el marco de la operación Anticorrupción iniciada por el sistema de justicia el 17 de marzo pasado.
En esa fecha se dictaron 81 órdenes de aprehensión, de las cuales se materializaron 61 correspondientes a igual número de personas, presuntamente incursas en hechos de corrupción detectados en el Poder Judicial, alcaldías, así como las empresas estatales Pdvsa, Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Cartones de Venezuela (Cartoven).
La mayor cantidad de detenidos proviene o están vinculados con la industria petrolera, los cuales suman 41, según cifras ofrecidas en distintas ocasiones por el fiscal, Tarek William Saab.
De esos 61 privados de libertad, el Ministerio Público concluyó la investigación respecto a 22: 13 empresarios y nueve funcionarios públicos.
Los 22 trabajaron segmentados en tres grupos que se concertaron para desfalcar a Pdvsa, según la investigación del Ministerio Público, sustanciada con insumos preparados por la Policía Nacional contra la Corrupción.
Ese desfalco suma $5.550.544.290,74, de acuerdo a los datos vertidos por Fiscalía en el documento interpuesto ante el Tribunal Especial 2º de Control de Caracas con competencia en Corrupción y Delitos Asociados para solicitar el juicio contra los 22.
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La Fiscalía dice en el escrito acusatorio al cual tuvimos acceso que esas 22 personas participaban de “una red de corrupción conformada por funcionarios públicos, que valiéndose de su cargo y sus niveles de autoridad procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas, a través de la asignación de cargas de crudo (buques) por parte de Pdvsa a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y a particulares, sin ningún tipo de control”.
El fruto de las ventas de ese petróleo asignado no ingresó a la República, sino que se desvió a través de criptoactivos y negocios ejecutados por 74 sociedades mercantiles.
Como jefe de esa red de corrupción, la Fiscalía coloca al coronel José Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de la estatal petrolera y quien mandó a construir una oficina “de forma irregular en Pdvsa-La Campiña”.
La oficina fue denominada Unidad de Trabajo Especial, desde donde despachaban Yamil Alejandro Martínez Núñez y Heinrich Chapellín Biundo, “manejando información clasificada de Pdvsa sin ser personal adscrito a la nómina, donde además se mantenía restringido el acceso con un sistema de seguridad donde solo podía ingresar estos ciudadanos, manejando además altas sumas de dinero en efectivo y era el espacio donde eran desarrolladas las reuniones con este grupo de operadores financieros”, dice Fiscalía.
El Ministerio Público detalla con nombre y apellido quienes integraban esa red de corrupción y para los cuales solicita se les abra un juicio.
Entre ellos figuran Joselit Ramírez (ex jefe de la Sunacrip), José Agustín Ramos Chirinos (presidente de Pdvsa-Puertos), Odoardo José Bordones, Jesús Enrique Salazar Querales, funcionarios adscritos a la vicepresidencia de Comercio y Suministro.
Igualmente, la Fiscalía solicita enjuiciar a Rajiv Mosqueda y Renny Barrientos, ambos adscritos a la Sunacrip.
Estos funcionarios operaban conjuntamente con los empresarios Manuel Meneces, Roger Ramírez, Juan Manuel Alfonso López, Rafael Perdomo, Vicente Perdomo, Roger Perdomo, Daniel Prieto, Kristhonfer Vivas, Johana Torres, Alejandro Arroyo, Bernardo Arosio, Ximena Parada, Fernando Bermúdez, Eduardo Noriega, José Luis Fernandiz Laya, Railín Elizabeth Yépez Jaimes, Rodolfo Moleiro, Alejandro Londoño, Olvany Gaspari, Leonardo Enrique Torres y Yuravic del Valle Ravelo.
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Los funcionarios que trabajaban con Pérez Suárez no reportaban a las cuentas de Pdvsa los pagos por concepto de las asignaciones de estaciones de servicio y de las cargas de crudo.
Por el contrario, “las empresas administradoras conciliaban directamente en las direcciones a cargo de estos imputados, a través de depósitos bancarios, plataforma Patria (subsidiadas e integrales) y efectivo.
De igual manera este ciudadano (Pérez Suárez) autorizaba la emisión de pagos a contratistas sin efectuar el debido registro en el Sistema SAP, permitiendo así que terceros se apropiaran de recursos del Estado venezolano”, dice el Ministerio Público.
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