El Gobierno de Argentina envió un proyecto de reforma al Congreso Régimen penal juvenilque prevé la reducción de la edad de pena de 16 a 13 años, norma vigente desde 1980. «Se trata de un cambio profundo. Los menores de edad son muy utilizados para cometer delitos”, afirmó el abogado penalista Martín Narducci.
«El proyecto contempla la posibilidad de que una persona de 13 años sea castigada como cualquier adulto de 40. De aprobarse, será un fuerte desafío por la forma en que se trata a un adolescente en una comisaría o prisión». «Es un debate interesante y complejo», advirtió Martín Narducci, abogado especializado en derecho penal.
Según el especialista, los adolescentes «suelen ser utilizados para cometer delitos: de hecho, las penas para los adultos son mayores cuando utilizan a menores». «Dudo que los menores no sepan lo que hacen: simplemente han crecido en un entorno muy adverso que acaba llevándoles en esta dirección», remarcó.
«Un crimen de adulto, un castigo de adulto». La frase del presidente Javier Milei resume el espíritu del proyecto impulsado por su Gobierno para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años; La iniciativa, que forma parte de la reforma del Régimen Penal Juvenil, ya ingresó al Congreso para tratamiento legislativo.
La propuesta fue una de las promesas centrales de la plataforma electoral del presidente ahora durante la campaña penitente de 2023”. establecimientos, bajo la dirección de personal cualificado», para evitar que los menores entren en contacto con los detenidos adultos.
El proyecto, que ya ha comenzado a discutirse en la Comisión de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto, propone modificar el régimen actual, instaurado en 1980 durante la última dictadura militar (1976-1983). La normativa indica que un menor de 16 años no es sancionado en ningún caso. Entre los 16 y los 18 años, el adolescente es castigado sólo si se verifican circunstancias concretas, y la escala penal prevista se reduce a la mitad del mínimo y a un tercio del máximo.
Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, destacaron que es «imposible combatir a los criminales sin leyes que protejan a las Fuerzas de Seguridad Federales y a la Justicia cuando se trata de proteger a los buenos argentinos». , según los funcionarios, es «acabar con la impunidad, detener la puerta giratoria y dar respuestas a la gente».
El envío del proyecto de ley al Congreso se enmarca en un contexto marcado por la preocupación por los acontecimientos de seguridad. Quizás el epitome del flagelo pueda limitarse a la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe (centro), azotada por la violencia vinculada al narcotráfico. Según los especialistas que investigan los delitos en la zona, las pandillas recurren cada vez más a «soldados»: adolescentes -e incluso niños- utilizados en la comisión de delitos, y aprovechando que las penas para ellos son menores.
Fuente: Sputnik
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