A pesar del aumento de las deportaciones y operaciones por parte de Estados Unidos y México, los migrantes continúan cruzando ilegalmente la frontera del Río Grande (o Grande) con la frontera estadounidense de El Paso en Ciudad Juárez, México.
La situación empeoró cuando las autoridades estadounidenses deportaron la semana pasada a 200 migrantes que pasaron por la Puerta 40 del muro fronterizo y los entregaron al Instituto Nacional de Migración (INM) de México en Ciudad Juárez, donde dijeron que los devolverían a Chiapas. La frontera sur de México.
El venezolano Marco Galindo consideró «muy frustrante» reiniciar su ruta. “Como si fuera mala suerte, todos persiguen el sueño de ir a Estados Unidos, y por estar aquí, la guerra que nos hacen desde Tapachula (ciudad en la frontera sur) nos hace la vida imposible. La gente de inmigración y de la Guardia Nacional nos persiguen por todos lados», dijo Galindo.
Señaló que entre los varados en el Río Bravo ahora hay miedo de cruzar porque mientras la Guardia Nacional de Texas en EE.UU. los devuelve, agentes del INM en México los llevarán de regreso a Chiapas en un autobús sellado. con sus manos.
También dijo que muchos de ellos llevan más de cinco meses en Juárez, donde además de conseguir recursos tienen que lidiar con el crimen organizado, y todos los días caminan unos 10 kilómetros por la frontera para ver por dónde cruzan.
“Estoy buscando la manera de entrar, pero ya he entrado tres veces, tres veces me echaron, no lo sé. Pero gracias a Dios no me enviaron a Tapachula, me sacaron de allí”, dijo Galindo.
Más restricciones
Los acontecimientos en Ciudad Juárez se hacen eco de las crecientes restricciones en la frontera de Estados Unidos, donde el gobierno de Joe Biden aprobó una norma el 9 de mayo que prohíbe a los agentes de inmigración solicitar asilo a personas consideradas una «amenaza a la seguridad pública o nacional».
Biden y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acordaron a finales de abril «trabajar juntos para implementar de inmediato medidas concretas para reducir significativamente los cruces fronterizos ilegales y al mismo tiempo proteger los derechos humanos».
Solo en el primer trimestre de 2024, la migración ilegal interceptada por el gobierno mexicano aumentó casi un 200% anual a 360.000.
Un migrante venezolano, José Luna Ochoa, se detuvo en el Río Grande para cruzar, vinculando las operaciones con la superposición de elecciones en Estados Unidos y México este año.
«A medida que se acercan las elecciones, las leyes para los inmigrantes se han vuelto más estrictas, por lo que las aprobaremos lo mejor que podamos, si Dios quiere, para llegar allí», dijo.
Además del clima, agregó, abordan la inseguridad que representa México, tanto por el acoso de las autoridades migratorias como por los secuestros por parte del crimen organizado.
«Sí, vale la pena, queremos darle a nuestros hijos un futuro mejor, porque en nuestro país no hay educación, ni seguridad, ni salud, estamos en una dictadura, el salario es de 7 dólares al mes, y cuesta 2 dólares por un kilo de harina para hacer unas arepas», dijo el migrante.
Agencias
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