En el año 2022, la policía y el ejército asesinaron a 824 personas, de las cuales 323 aún no han sido identificadas, informó este viernes Lupa por la Vida. “La mayoría eran jóvenes de entre 18 y 30 años (66%), que viven en lugares populares (…) 18 de las víctimas son mujeres, lo que implica un aumento de 2,18% respecto al año 2021”, precisó relación. .
Los cinco estados con mayor número de víctimas son Aragua (135), Miranda (117), Zulia (100), Carabobo (96) y Bolívar (56).
“El cuerpo más letal fue la Policía Nacional Bolivariana con un total de 196 víctimas, equivalente al 24% del total nacional. De estas, 36 corresponden a la Dirección contra el Crimen Organizado (DCDO) y 2 a la extinción FAES”, señala la investigación. recogido.
En general, “la policía estatal provocó la muerte de 193 personas (23%). Destacan las policías estatales de Carabobo (49), Zulia (41) y Aragua (22), Yaracuy (17) y Portuguesa (12). su letalidad El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) con 142 homicidios (17%), en estos casos las posibilidades de impunidad son mayores, ya que la investigación, de realizarse,
Corresponde traer a este organismo policial. Los mismos que causan la muerte son los que investigan”.
Las Fuerzas Armadas totalizaron 129 presuntas ejecuciones extrajudiciales (16%), 111 de ellas perpetradas por la Guardia Nacional Bolivariana.
Para Lupa por la Vida “un número tan alto de muertes es la continuación de una política de Estado de violaciones masivas y, a su vez, sistemáticas del derecho a la vida. La impunidad estructural hace que casi todos estos asesinatos no sean investigados. una política de Estado. Todavía no hay voluntad de realizar verdaderas investigaciones a los máximos responsables de los crímenes”, dice el informe.
No hay información oficial sobre la desaparición de las FAES: “Nuestro monitoreo pudo constatar la progresiva desaparición de las acciones de las FAES en los operativos de seguridad y el cambio de las fachadas de la sede operativa, reemplazando las siglas de “FAES por el Dirección General contra la Delincuencia Organizada (DGCO) y las siglas Dirección de Investigaciones Criminales (DIP)”.
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