El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, envió hoy al Congreso un proyecto de decreto legislativo que establece el estado de calamidad pública en el estado de Rio Grande do Sul, donde hasta el momento se han registrado 85 muertes.
Dicho plan, que se extenderá hasta diciembre de 2024, eliminará el límite de gasto de los recursos que se destinarán a la reconstrucción de la división territorial, golpeada por las lluvias e inundaciones desde el 29 de abril.
En la práctica, el Gobierno quiere autorización del Parlamento para transferir recursos a las regiones afectadas por las lluvias sin tener que cumplir las reglas fiscales definidas por el nuevo marco, aprobado en 2023.
Desde 2021, como consecuencia de la pandemia de Covid-19, la administración federal puede solicitar un estado de calamidad pública en el presupuesto, con el objetivo de adoptar un régimen fiscal extraordinario para hacer frente a los gastos en caso de tragedias y crisis de salud pública.
«Todavía no tenemos una estimación de lo que será necesario», afirmó la ministra de Organización, Simone Tebet, quien afirmó que «sólo cuando las aguas bajen veremos la inmensa magnitud de los daños en el estado».
Para ser válido, el proyecto de ley debe ser aprobado en la Cámara de Diputados y en el Senado Federal.
Atención prioritaria
También ese día, el Gobierno anunció la liberación inmediata de 580 millones de reales (116 millones de dólares) en enmiendas parlamentarias individuales con aplicación directa en 448 municipios de Rio Grande do Sul.
Tal medida tiene como objetivo mitigar los efectos de las inundaciones que han afectado a casi el 70 por ciento del estado.
Según el último boletín de la Defensa Civil estatal, 134 personas están desaparecidas y 339 han resultado heridas debido al mal tiempo. Debido a las precipitaciones, cerca de 201,5 mil habitantes se encuentran fuera de sus hogares. De ese total, 47,6 mil permanecen en albergues y 153,8 mil se encuentran desplazados (están en casa de familiares o amigos).
Rio Grande do Sul tiene 385 de sus 497 municipios con algún reporte de problema relacionado al fenómeno climático, con un millón 178 mil personas afectadas.
