El economista Francisco Rodríguez anunció que un tribunal de Delaware, en Estados Unidos, autorizó a cuatro acreedores venezolanos a «embargarse de Citgo para cobrar 2.500 millones de dólares en deudas».
En ese sentido, explicó que, a diferencia de decisiones anteriores, “esta parte de la determinación de que Juan Guaidó ejercía indebidamente el control directo de la empresa”.
Cabe señalar que, según la legislación estadounidense, los acreedores de una nación «no tienen el derecho directo de embargar los bienes de una empresa pública como PDVSA», ya que este derecho «se adquiere sólo si pueden probar que la República ha utilizó esta empresa para sus propios fines.
Rodríguez dijo que desde que Estados Unidos reconoció al interino en 2019, “la responsabilidad de controlar la empresa recae en los funcionarios designados por Juan Guaidó. Por lo tanto, los acreedores deben probar que el interino -y no Maduro- ejercía el control directo de la empresa”.
Afirmó que el juez Stark «encontró que el gobierno interino ejerció un amplio control sobre Pdvsa al utilizar los fondos de las subsidiarias de Pdvsa para sus propios fines, ordenando a Pdvsa realizar y suspender los pagos de la deuda y anunciando que la deuda de Pdvsa y la República tendría el mismo trato».
“Todas estas acciones de responsabilidad directa del gobierno interino sirvieron para ratificar el alter ego y llevaron a la Corte a decidir permitir que los acreedores procedieran con el embargo de Citgo”, subrayó.
Rodríguez recordó que en varias oportunidades advirtió sobre “los riesgos que genera la gestión que la interinidad hizo de PDVSA (…) Lamentablemente, estas advertencias fueron ignoradas por quienes tenían a su cargo la representación legal de la República”.
“Es imperdonable que, después de gastar decenas de millones de dólares en abogados, los interinos cometieran errores tan básicos. Que lo hicieran arroja serias dudas sobre la integridad de quienes estaban a cargo de conducir estos asuntos”, dijo.
“Sumado a las deudas de cobro ya autorizadas, el monto total de créditos que permiten embargar a Citgo alcanza los 7.600 millones de dólares”, enfatizó.
En todo caso, propuso que la Asamblea Nacional de 2015, que sigue ejerciendo el control sobre los bienes de la República en el exterior, “debe entrar inmediatamente en negociaciones con estos acreedores. Dada la situación financiera de Citgo, todavía es posible una negociación para salvarla».
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