Los diputados de la Asamblea Nacional (AN) realizan un despliegue a nivel nacional para dar a conocer la Ley Orgánica para la Coordinación y Armonización de las Facultades Fiscales de los Estados y Municipios, aprobada el pasado martes por el Parlamento.
Desde este viernes, la nueva Ley llega al estado Miranda, donde las autoridades regionales participaron de la presentación del nuevo instrumento junto a los diputados Ramón Lobo y José Vielma Mora, integrantes de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la AN.
El encuentro -realizado en la Casa de la Cultura de Cecilio Acosta en Los Teques- permitió a alcaldes, legisladores, concejales, servidores públicos y directores de dependencias municipales del área fiscal conocer a profundidad la estructura del documento legal, según nota de prensa.
De igual manera, los parlamentarios realizaron actividades en los estados Falcón, Yaracuy y Aragua, para dar a conocer el instrumento legal.
Llevar la nueva ley a todos
Estas acciones dan cumplimiento a lo dispuesto por el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, este martes tras la aprobación de la Ley, cuando ordenó a los legisladores llevarla a todo el país para que “sea discutida por todos, para ser conocida e implementada por los alcaldes y gobernadores”.
- “No permitan que una ley de esta trascendencia caiga en la bolsa de la zona gris, de las fake news, de las mentiras, de las manipulaciones y, en cambio, le damos a los ciudadanos esta poderosa herramienta que los protege de manera determinada”, dijo Rodríguez al instar a los diputados a publicar la nueva norma.
Cabe recordar que el instrumento legal cuenta con 53 artículos, así como disposiciones generales que serán abordadas para trabajar más adelante con los tributos municipales y regionales.
Tiene por objeto establecer los principios, parámetros, tipos impositivos y tasas aplicables. Busca promover el desarrollo armónico de la economía nacional, elevar la calidad de vida de la población, generar empleos y alta plusvalía, además de fortalecer la soberanía económica y la optimización y eficiencia de los procesos tributarios estatales y municipales, para reducir la evasión y elusión fiscal.
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