Caracas.- 113 presos políticos se encuentran en prisión preventiva desde hace más de 3 años, aunque el actual ordenamiento jurídico no lo permite; Así lo anunció este martes el abogado Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal.
Explicó que según la ley la pena de prisión puede ser de dos años, se puede aumentar hasta un máximo de un año, pero sin embargo, hay quienes son 5, 6 y hasta 7 años más.
Aseguró que hay casos que incluso si el tribunal emite una decisión de enviar a uno de los presos políticos para tratamiento o examen, esta orden no se cumple.
Himiob anunció que al menos 50 presos políticos necesitan actualmente atención médica urgente, como es el caso de Javier Tarazona, pero muchos se encuentran impedidos de recibir atención médica. «No existe ninguna intención de enviar un mensaje distinto al de derecho a través de estos hechos».
El director del Foro Penal confirmó que la persecución política de hoy tiene como objetivo a sindicalistas, líderes estudiantiles y enfermeros que protestan.
También mencionó que hubo una grave violación de la ley, como el caso de un tribunal al que se le asignaba competencia en casos presuntamente relacionados con terrorismo, que había perdido jurisdicción de la noche a la mañana.
Cuando esto sucede -confirmó- se interrumpen los ensayos y procesos ya desarrollados, como el trabajo de Roland Carreño y Javier Tarazona, quedan en cero.
Himibio señaló que ayer lunes se conoció que se iniciaría un nuevo juicio contra Roland Carreño y sus allegados, pero este es el único que se conoce. «Si es declarado inocente, será compensado por todos los años que estuvo encarcelado y será tratado como una sentencia anticipada que se vio obligado a pagar sin tener que rendir cuentas».
Quienes estén privados de esta libertad, enfatizó, tendrán que pasar más tiempo en prisión en un proceso que no se sabe cuánto durará. Se reanudarán las audiencias de al menos 42 presos políticos después de tres años o más de prisión.
También advirtió que en Venezuela se ha distorsionado el proceso penal y la prisión preventiva se ha convertido en pena anticipada, resultando en un mecanismo de represión e intimidación.
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