Filipinas se está «desvinculando» de todo contacto y comunicación con la Corte Penal Internacional (CPI) luego de rechazar la solicitud del país de suspender su investigación en curso sobre la guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte, según la agencia de noticias.
Así lo anunció este martes el presidente de Filipinas, Ferdinand R. Marcos Jr., luego de que la Sala de Apelaciones de la CPI, en una decisión del 27 de marzo, negara la petición de Filipinas «en ausencia de razones persuasivas para respaldar la orden suspensiva». .»
En ese sentido, señaló que la decisión de la CPI de rechazar la solicitud del país pone fin a la participación de Filipinas en la corte internacional con sede en La Haya.
El presidente explicó que no habrá «próximo paso. Ese es el alcance de nuestra participación con la CPI. Eso termina con toda nuestra participación con la CPI porque ya no podemos apelar», dijo.
De igual forma, indicó “estamos desvinculados de cualquier contacto, de cualquier comunicación con la CPI”, dijo cuando dijo “terminamos con la misma posición con la que empezamos y es que no podemos cooperar con la CPI”.
Injerencia y ataque a la soberanía
Asimismo, dijo tener «serias dudas» sobre la jurisdicción de la CPI, calificando la actuación de la corte de «injerencia» y «prácticamente un ataque a la soberanía».
En marzo de 2018, Rodrigo Duterte ordenó a Filipinas que abandonara el Estatuto de Roma, el instrumento por el cual se establece la CPI. Manila rompió formalmente sus lazos con la corte el 17 de marzo de 2019, informa RT.
En septiembre de 2021, la CPI inició una investigación formal sobre la guerra contra las drogas iniciada por Duterte, pero la suspendió dos meses después de que el gobierno filipino prometiera examinar el caso por su cuenta.
Sin embargo, la corte sostiene que incluso si un estado se retira del estatuto, la CPI puede investigar crímenes que se cometieron cuando el país aún era miembro. Así, en junio de 2022, el fiscal de la CPI pidió reabrir la investigación porque no estaba «satisfecho» con la pesquisa filipina.
Estatuto de Roma
El Estatuto de Roma de 1998 ha sido ratificado por 123 países, entre los que no se encuentran Rusia, Ucrania, Estados Unidos, China o Israel, entre otros. Washington también adoptó una ley que autoriza el uso de «todos los medios necesarios y apropiados para obtener la liberación» de un militar u oficial detenido a pedido de la CPI.
Más recientemente, Estados Unidos amenazó al exfiscal y al propio tribunal con «sanciones» si insistía en investigar los crímenes de guerra cometidos por sus tropas en Afganistán. Tras la amenaza, el fiscal renunció y la investigación se detuvo.
