Lavinia Valbonesi, esposa del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y miembros del gobierno se ven envueltos hoy en un escándalo por un proyecto inmobiliario que destruirá manglares en un área protegida de Olón, provincia de Santa Elena.
La Asamblea Nacional (Parlamento) solicitó respuestas al Ejecutivo a los reclamos de los habitantes de esa zona costera sobre el corte del manglar de Esterillo Oloncito para construir una urbanización por parte de la empresa Vinazin SA, de la cual Valbonesi es el principal accionista.
Para hoy, cinco ministros están llamados a la Comisión Especializada Permanente sobre Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio de la Asamblea.
Quienes están convocados a la mesa legislativa este miércoles son el ministro de Medio Ambiente, Sade Fristchi; Roberto Luque, de Obras Públicas y encargado de la cartera de Energía y Minas; la titular de Interior, Mónica Palencia; Nielsen Olsen, Turismo; y Gian Carlos Loffredo, de la Defensa.
Medios locales y organizaciones ecologistas indican que el Ministerio que dirige Fritschi ha autorizado el proyecto urbanístico en la zona declarada en 2001 como «bosque y vegetación protectora».
En entrevista con el medio BN Periodismo, Roberto Palacios, de la Fundación Ecológica Oloncito, criticó que afectaron la vegetación en una franja de 10 o 15 metros con la anuencia de las autoridades ambientales y con el argumento de que esos terrenos son propiedad de la Empresa Vinazín.
Esta entidad planificó el proyecto denominado Eco, que consta de un conjunto de cuatro edificios de diferentes pisos cada uno y que incluye espacios sociales y verdes, estacionamientos de visitas, rutas de llegada, acceso a la playa, entre otras obras.
Además, los activistas denunciaron que el ministro Luque es uno de los accionistas de la empresa Geosísmica, encargada de los estudios para la construcción de la urbanización, y que la hija de Palencia tramitó los permisos para las obras.
Ante las protestas de los vecinos, este martes arribaron al lugar efectivos de la Unidad de Mantenimiento del Orden y del Grupo de Operaciones Especiales.
Legisladores del movimiento Revolución Ciudadana exigieron la suspensión inmediata del proyecto y el inicio de una investigación exhaustiva sobre las irregularidades y conexiones políticas que facilitaron esta atrocidad.
«El uso indebido de la consulta popular y la represión policial contra defensores ambientales y miembros de la comunidad local muestra un abuso de poder que no podemos tolerar», destacó la organización política en referencia a la presencia de uniformados en la zona.
