La Corte Suprema de Justicia falló este martes a favor de que el estado de Texas permita la entrada en vigor de una controvertida ley que permite a la policía arrestar y deportar a migrantes sospechosos de ingresar a Estados Unidos de manera irregular.
El texto legal, conocido como SB4, puede entrar en vigor mientras se escuchen los argumentos de una demanda presentada por el Gobierno del presidente Joe Biden y organizaciones de defensa de los migrantes, que solicitan la cancelación de este texto por ser inconstitucional.
Los demandantes habían pedido a la Corte Suprema que detuviera la implementación de la medida mientras el caso se resolvía en el Quinto Circuito de Apelaciones. El lunes, el juez Samuel Alito había bloqueado la ley por tiempo indefinido a la espera de que el pleno votara esta solicitud.
Pero este martes, los seis jueces conservadores votaron a favor de Texas, permitiendo que la ley entre en vigor mientras se toma una decisión final en el caso.
Lo que castiga la ley
La ley impulsada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, es considerada una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos.
Constituye un delito que un extranjero «ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera» de manera irregular, pero el delito se convierte en un delito grave, punible con hasta 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
La iniciativa también permite al poder judicial estatal ordenar la expulsión de personas sin proceso legal. Además, los agentes de policía pueden arrestar a cualquier persona que sospechen de haber ingresado ilegalmente al país y tienen la discreción de deportarlos a México en lugar de arrestarlos.
pelea en la corte
Inicialmente, la medida impulsada por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, debía entrar en vigor el 5 de marzo, pero un juez federal se puso del lado del demandante y la prohibió.
El fiscal de Texas Ken Paxton llevó la pelea al Quinto Circuito de Apelaciones donde consiguió apoyo, por lo que el demandante acudió a la Corte Suprema para impedir que la ley entrara en vigor pidiendo una moción de emergencia, que finalmente fue denegada.
Anand Balakrishnan, abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, calificó la decisión del martes de «decepcionante».
El abogado agregó en un comunicado que la ley «amenaza la integridad de las leyes de inmigración de nuestra nación y los principios fundamentales del debido proceso», por lo que seguirán luchando hasta que sea derrotada.