Un profundo malestar provoca hoy en Chile una propuesta del extremista Partido Republicano de incorporar en el proyecto de Constitución un artículo que beneficie a los presos mayores de 75 años con prisión domiciliaria.
Organizaciones humanitarias y organizaciones de víctimas de la represión durante la dictadura militar (1973-1990) dijeron que detrás de una iniciativa aparentemente humanitaria, existe la intención de liberar a los condenados por los graves delitos cometidos en esos años.
La vicepresidencia de Derechos Humanos del Partido Socialista de Chile expresó este viernes su rechazo a la maniobra clandestina de impunidad, presentada ante el Consejo Constitucional por los republicanos.
Pretenden, precisa la entidad, eludir el compromiso del Estado de hacer justicia en todos los crímenes de lesa humanidad y la exigencia del cumplimiento efectivo de la sanción impuesta.
Aunque hay muchos actos brutales, como secuestros, torturas y asesinatos, aún impunes, se logró enjuiciar y encarcelar a un grupo de exmilitares y agentes del régimen de Augusto Pinochet, muchos de los cuales se encuentran recluidos en el penal de Punta Peuco.
El ministro de Justicia de Chile, Luis Cordero, dijo que la propuesta busca liberar y enviar a casa a los sancionados por delitos graves, que no prescriben, ni son amnistiables.
Actualmente hay más de 50.000 presos en Chile y solo 265 de ellos tienen más de 75 años, incluidos 153 condenados por crímenes de lesa humanidad.
De ser aceptada la propuesta, algo muy probable por la mayoría de los miembros del Partido Republicano en el Consejo Constitucional, dijo Cordero, se afectará el derecho internacional y los tratados suscritos y ratificados por Chile en esta materia.
Alicia Lira, presidenta de la Asociación de Padres del Verdugo Político, advirtió que se trata de una forma furtiva de liberar a los delincuentes y burlarse de la lucha de los familiares de las víctimas y de todos los simpatizantes de su causa.
