Los diputados de la Asamblea Nacional de Madagascar aprobaron la semana pasada un proyecto de ley presentado por el Gobierno que modifica los artículos del Código Penal para reforzar las sanciones penales contra los infractores de menores, informaron medios locales. Las enmiendas introducidas prevén la castración química o quirúrgica para los autores de este tipo de delitos de agresión sexual.
«Redefiniendo el concepto de violación»
Según Le Quotidien, el código anterior preveía entre cinco y veinte años de trabajos forzados para los autores de violaciones. Ahora, los legisladores señalaron en un comunicado que la nueva «ley redefine el concepto de violación y organiza penas en función de la edad de las víctimas, al tiempo que intenta neutralizar a los depredadores sexuales mediante la introducción de la castración quirúrgica o química».
Con la reforma actual, el Código Penal establece la prisión perpetua y la castración quirúrgica para las personas condenadas por violar a un menor de 10 años. Si la víctima tiene entre 10 y 13 años, el imputado deberá someterse a una castración química, además de una pena de 15 a 20 años de trabajos forzados. Esta pena será de 10 a 20 años si la víctima tiene entre 13 y 18 años. En cambio, si el delincuente es menor de edad no se aplicará la castración.
La medida, aprobada este miércoles por la Cámara Alta del Senado, aún debe ser validada por el Alto Tribunal Constitucional antes de que el presidente del país, Andry Rajoelina, pueda promulgarla y convertirla en ley.
«Daños graves e irreversibles»
Estas medidas fueron consideradas radicales por algunos defensores de los derechos humanos. El director regional de Amnistía Internacional, Tigere Chagutah, dijo que la castración legal es «incompatible con las disposiciones constitucionales malgaches contra la tortura y otros malos tratos, así como con las normas regionales e internacionales de derechos humanos».
El asesor de Amnistía Internacional en Madagascar, Nciko wa Nciko, criticó la ley por no «centrarse en las víctimas» y reflexionó que «la castración causa daños graves e irreversibles». «Podemos tener casos en los que un individuo ha sido declarado culpable y los tribunales se retractan del veredicto y limpian su nombre», añadió.
Por su parte, Jessica Lolonirina Nivoseheno, del movimiento Mujeres Rompiendo el Silencio, sostuvo que la castración podría ser un «disuasivo» de la «cultura de la violencia» en la isla, donde muchos casos «se resuelven amistosamente en la familia».
De igual forma, el ministro de Justicia, Landy Mbolatiana Randriamanantesoa, defendió estas nuevas disposiciones legales ante las críticas internacionales al respeto a los derechos humanos. En este sentido, subrayó que Madagascar «es un país soberano que tiene todo el derecho a modificar sus leyes». El funcionario dijo que el año pasado se registraron 600 violaciones a menores. «Ante el resurgimiento de las violaciones, teníamos que actuar», añadió.
Finalmente, Randriamanantesoa agregó que las identidades de los culpables serán reveladas públicamente. «La sociedad necesita saber qué hicieron» y quiénes son, afirmó. Noticias RT
