El martes 11 de abril, Amnistía Internacional emitió una acción urgente a favor de Emirlendris Benítez, donde solicita a la ministra del Servicio Penitenciario, Celsa Ontivero, garantizar atención médica urgente para este preso político venezolano.
En el comunicado, Amnistía explicó que además de un diagnóstico completo, Benítez necesita un tratamiento integral por las graves consecuencias que sufre por las torturas a las que ha sido sometido desde su detención.
Emirlendris Benítez, de 42 años, fue detenido el 5 de agosto de 2018. El comerciante corría de madrugada, junto a su pareja Yolmer Escalona, cuando pasaron por un retén donde le pidieron sus documentos, se los entregó y, inmediatamente después, fueron detenidos sin explicar los motivos.
Mientras estaba detenido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fue golpeada por funcionarios, golpeada contra objetos contundentes como paredes y asfixiada con bolsas de plástico. Esto provocó el aborto espontáneo del niño que estaba embarazada en ese momento. Además, contribuyó al encapsulamiento de una de sus prótesis en el pecho y la migración de biopolímeros de sus botellas a sus piernas y columna.
La mujer fue vinculada al atentado contra Nicolás Maduro. Fue acusado de siete delitos y recibió la pena máxima de 30 años de prisión el 4 de agosto. Permanece recluida en el Instituto Nacional de Orientación de la Mujer (INOF), ubicado en Los Teques, estado Miranda.
A principios de febrero de 2022, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, uno de los mecanismos especiales de Naciones Unidas, solicitó su liberación inmediata. Si bien se le concedieron indemnizaciones y otro tipo de reparaciones, pero esta decisión no fue tomada en cuenta por la jueza Hennit Carolina López al momento de dictar sentencia.
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