La Corte Suprema de Justicia prohibió este lunes la entrada en vigor de una ley en Texas que permite a la Policía arrestar y deportar a migrantes sospechosos de ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
La legislación, conocida como SB4 y que debía entrar en vigor este lunes, fue solicitada por la administración del presidente Joe Biden.
En respuesta, el juez Samuel Alito suspendió indefinidamente la entrada en vigor de la ley mientras la Corte Suprema escucha los argumentos de ambas partes.
El caso llegó al máximo tribunal tras una batalla legal liderada por la administración Biden y defensores de los inmigrantes encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), quienes afirman que la iniciativa es inconstitucional.
La ley, una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, estaba originalmente programada para entrar en vigor el 5 de marzo, pero un juez federal se puso del lado de los demandantes y la prohibió.
El fiscal de Texas, Ken Paxton, llevó la pelea al Quinto Circuito de Apelaciones donde obtuvo apoyo, por lo que el demandante acudió a la Corte Suprema para evitar que la ley entrara en vigor.
Alito ya había puesto freno a la ley en dos ocasiones, pero hoy puso un bloqueo indefinido mientras se evalúa el caso.
La ley tipifica como delito que un extranjero «ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera» ilegalmente. El delito se convierte en un delito grave, castigado con un máximo de 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
La iniciativa también permite al poder judicial estatal ordenar la expulsión de personas sin proceso legal. Además, los agentes de policía pueden arrestar a cualquier persona que sospechen de haber ingresado ilegalmente al país y tienen la discreción de deportarlos a México en lugar de arrestarlos.
El republicano Paxton ha advertido en varias ocasiones que seguirá defendiendo la medida, impulsada por el gobernador Greg Abbott como parte de su estrategia de seguridad fronteriza.
Por su parte, los demandantes advirtieron que la ley «conducirá a la discriminación racial» en todo el estado, especialmente contra los hispanos.
