La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, pidió a los gobiernos de la región «hacer los mayores esfuerzos» para evitar la consolidación de una «tendencia dictatorial y antihistórica» en Venezuela, tras la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y la expulsión de la oficina técnica del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), oficina que presidió entre 2018 y 2022.
En un comunicado firmado por la «Mesa de Reflexión de América Latina», integrada por 18 ex Ministros de Relaciones Exteriores y diversas personalidades, se destacó la decisión adoptada por el gobierno de Nicolás Maduro de suspender las actividades de la ACNUDH y expulsar a sus funcionarios al campo.
Destacaron que estos funcionarios expulsados estaban en Venezuela para «detectar la realidad» de la pobreza, la precariedad alimentaria y la migración de los ciudadanos, «y desde esas verdades contribuir a diseñar los planes del gobierno para superarlas».
Para los ex presidentes y políticos reunidos en la Mesa, esta medida «sólo expresa miopía política y una obstinación autoritaria en mantener el poder, por encima de una visión común como nación sobre las mejores formas de salir de la crisis».
También consideran que, junto a la detención de Rocío San Miguel, hay «un panorama sombrío para el futuro de la democracia venezolana».
«Para el resto de América Latina no es extraño lo que está pasando en Venezuela, sobre todo si se enfrenta a las Naciones Unidas y a la plena vigencia de los derechos humanos. Hemos llegado a un año donde se acerca una elección presidencial, pero la tendencia asumida por el Gobierno de Venezuela contra los opositores y críticos de sus políticas anticipa el nulo reconocimiento de los resultados de esa consulta electoral», reza el manifiesto.
La Mesa de Reflexión Latinoamericana -un mecanismo sin estructura permanente que en ocasiones habla de temas claves en la región- también señaló que Maduro «violó los compromisos acordados en Barbados entre el partido de gobierno y la oposición», firmados en octubre pasado y que en teoría permitiría elecciones competitivas en 2024.
«La democracia venezolana recuperará el camino hacia una condición de respeto en el mundo sólo si sus ciudadanos pueden votar en un escenario de plena vigencia de los derechos humanos y de las libertades políticas donde la pluralidad sea efectiva», enfatiza el artículo.
Asimismo, afirmaron que estas acciones tendrán efectos para toda la región, por lo que “esta realidad no puede ser ajena a los países sudamericanos que integran el Consenso de Brasilia”, lanzado en mayo de 2023 y del que también forma parte Venezuela.
Recordaron que este mecanismo de coordinación, cuyo objetivo es fortalecer los vínculos entre los países de América del Sur, «requiere coherencia en la gobernanza y eficiencia de cada uno de los países miembros para cumplir sus objetivos».
«Los recientes anuncios del Gobierno de Venezuela van en la dirección contraria y esto exige mayores esfuerzos por parte de los gobiernos, las fuerzas políticas y la comunidad regional para asegurar que esta tendencia dictatorial y antihistórica no se consolide», destacó el comunicado, que el Los firmantes aseguran que intentarán «contribuir en la medida de lo posible a esta tarea».
Infobae
