Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU ha expresado su preocupación por la situación de violencia contra los manifestantes que, en Perú, exigen la renuncia de Dina Boluarte, jefa del Ejecutivo que fue nombrada el 7 de diciembre tras la destitución del presidente Pedro Castillo, y su detención. , que es denunciado como arbitrario.
Los relatores especiales de Naciones Unidas han destacado que el uso excesivo de la fuerza por parte de los organismos de seguridad y la incapacidad del gobierno para crear un ambiente propicio para el diálogo son motivo de gran preocupación.
Los expertos se refirieron a «la violencia policial en las protestas que se han producido en el país andino desde la destitución del presidente Pedro Castillo en diciembre pasado y que han dejado casi 50 muertos», señala una nota de prensa. las noticias.
Cabe señalar que la prensa mundial cifra la cifra de muertos por la violenta represión en alrededor de 60 peruanos.
Un grupo de siete relatores y dos grupos de trabajo de derechos humanos de la ONU destacan cómo, ante las protestas por la destitución de Castillo y el nombramiento de Boluarte, a través de un órgano legislativo ampliamente repudiado por la población, la respuesta de los interinos. El gobierno “inicialmente iba a declarar el estado de emergencia por un mes, pero la medida fue renovada y sigue vigente sin responder a las demandas de la población”, dice el informe.
Recibieron denuncias de arbitrariedad
En el informe que repudió la represión desmedida contra los manifestantes, el grupo de siete relatores especiales señaló que denuncian la represión, asesinatos, detenciones y desapariciones forzadas de manifestantes en el país andino.
Estos reportes incluyen 48 manifestantes muertos, 1.301 heridos, cientos de detenidos y al menos una persona desaparecida, según el último informe de la Defensoría del Pueblo de Perú.
“Serias denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de los organismos de seguridad y la incapacidad del gobierno para crear un ambiente propicio para el diálogo son motivo de gran preocupación”, señalaron en su informe los expertos, quienes enviaron una comunicación al gobierno. y observaciones.
Cualquier privación arbitraria de la vida es ilegal.
Recordaron que el uso de la fuerza, especialmente la fuerza armada, debe cumplir con los principios fundamentales de legalidad, necesidad y proporcionalidad, señaló la prensa de la ONU.
“Toda pérdida de la vida derivada del uso excesivo de la fuerza sin el estricto cumplimiento de estos principios es una privación de la vida arbitraria y, por lo tanto, ilegal”, enfatizaron, exigiendo rendición de cuentas en esos casos.
Cabe señalar que la Fiscalía General del Perú, que desde el 6 de enero anunció una investigación contra Boluarte por el asesinato de manifestantes, dijo el viernes 3 de marzo que citó al líder interino a los casos de los fallecidos. resultado de la represión policial de las protestas que lo obligó a renunciar.
El Ministerio Público de Perú, a menos de un mes del nombramiento de Boluarte por el cuestionado Parlamento, inició las diligencias necesarias contra el mandatario interino, por la muerte registrada hasta entonces durante la protesta en el país.
derecho a protestar
Los expertos de la ONU también dijeron cómo, en cualquier sociedad democrática, las personas tienen derecho a protestar y plantear inquietudes sobre los cambios políticos que afectan sus vidas y medios de subsistencia.
Según expertos, la democracia peruana enfrenta una crisis de credibilidad que solo puede resolverse a través de un diálogo genuino, en el que participe la población y se consideren sus aspiraciones de reforma, por lo que ordenaron a la autoridad iniciar este proceso para poner fin a él. a la crisis política.
Las acusaciones vertidas por los reporteros se enmarcan en el reinicio de las intensas protestas contra Boluarte.
Este mismo lunes 6 de marzo se reactivaron las protestas en las provincias peruanas de Canchis y Espinar, en el departamento de Cusco, para exigir la renuncia del presidente designado por el Congreso. De igual forma, se espera que en la capital, Lima, se inicie una nueva jornada de manifestaciones en las calles y, a principios de marzo, los pobladores de Puno y otros lugares del Perú se movilizaron en Lima para exigir la renuncia del presidente- designado. .
En Canchis, el puente Arturo amaneció cubierto de montículos de tierra y piedras, mientras que la vía de Cusco a Puno y Arequipa está bloqueada, informó TeleSur.
desapariciones forzadas
Los relatores especiales de la ONU explican que una detención inicialmente legal puede conducir a una desaparición forzada si la autoridad detenedora no reconoce que la persona está detenida o no brinda información sobre su destino o ubicación, independientemente de la duración de la privación de libertad.
“Es importante brindar información a las víctimas y sus familias”, dijeron.
Por otro lado, se refirieron a las denuncias de ataques deliberados de la policía contra periodistas y trabajadores de los medios mientras cubrían las protestas, y pidieron al gobierno que garantice que estos profesionales puedan trabajar en condiciones seguras y dignas.
Pidieron las mismas garantías para la Defensoría del Pueblo, que recoge pruebas sobre abusos.
Asimismo, recalcaron la obligación del Estado de investigar con prontitud, independencia, eficacia e imparcialidad todas las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante las manifestaciones.
Boluarte estigmatiza a los protestantes
En cuanto a la estigmatización de las personas que ejercen su derecho a la libertad de reunión pacífica, calificándolas de terroristas, destacaron que estos cargos afectan de manera desproporcionada a las personas defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas y comunidades rurales.
“Si bien el Estado debe garantizar la responsabilidad por los hechos de violencia denunciados y cometidos por algunos manifestantes, debe distinguirse entre quienes ejercen su derecho a la libertad de reunión pacífica y quienes cometen actos de violencia en el marco de manifestaciones”. relatores especiales limitados.
En ese sentido, recalcaron la obligación del Estado de garantizar que las personas que ejercen su derecho a la libertad de reunión pacífica no sean objeto de intimidaciones y represalias.
Los expertos concluyeron reiterando su llamado a una rápida solución política basada en el diálogo, que tenga en cuenta la necesidad de rendición de cuentas y el fin de la represión.