El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó ayer el decreto que regula el uso y control responsable de las armas de fuego, con el objetivo de reducir los índices de violencia en la nación sudamericana, informó Prensa Latina.
La medida forma parte del Programa de Acción de Seguridad, llevado a cabo por el Gobierno de Brasil, con el que busca reducir la cantidad de armas y municiones a las que pueden acceder los civiles para la autodefensa y aquellas que pueden ser adquiridas por cazadores, tiradores y recolectores (Cacs).
Al respecto, el decreto contempla prohibir a las CAC el tránsito por el territorio nacional con artefactos y pertrechos de guerra, además de limitar el funcionamiento de los clubes de tiro.
Eso representó para Brasil que la compra de armas y municiones aumentó hasta siete veces durante la presidencia de Jair Bolsonaro, pues el número de personas con permisos CAC era de 117,5 mil, y al cierre de 2022, según datos del anuario de Seguridad Pública, contaba con 783,4 mil certificados de registro.
Anteriormente, los civiles podían adquirir hasta cuatro armas para uso de defensa personal, sin necesidad de demostrar necesidad real.
Antes de la publicación del decreto, se permitía a los civiles adquirir hasta cuatro armas para su defensa personal y la compra de 200 municiones al año.
Defensa de la Amazonia
Durante una ceremonia en el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo, Lula presentó un plan específico para combatir la creciente violencia en la Amazonía, así como las restricciones a la venta de armas. En total fueron nueve las medidas, decretos y proyectos de ley anunciados, informa Telesur.
Entre ellos, se destaca el llamado Programa de Acción de Seguridad (PAS), que incluye medidas para combatir la violencia en las escuelas, cuyos ataques se han multiplicado en Brasil en los últimos años y ahora son catalogados como crímenes atroces.
También se destaca el anuncio del Plan de Seguridad y Soberanía para la Amazonía (AMAS), con la intención de luchar contra la creciente violencia en la mayor selva tropical del mundo, en particular para hacer frente al narcotráfico, la minería ilegal y los delitos ambientales.
AMAS prevé una inversión de 2.000 millones de reales (unos 416,7 millones de dólares) para el montaje de bases y la compra de patrullas, armamento, helicópteros y lanchas blindadas para las fuerzas de seguridad que actúan en esa región.
“En la Amazonía, con 5 millones de kilómetros cuadrados, un área más grande que Europa, se promueve el crimen organizado, el narcotráfico y todo lo que es ilegal en Brasil. Debemos actuar para que no sea en la selva brasileña, tan deseable de ser preservada por todo el mundo, que se fomente la violencia”, dijo Lula.
Las iniciativas fueron anunciadas un día después de que un informe revelara que, a pesar de que las muertes violentas en Brasil cayeron en 2022 a su nivel más bajo en 11 años, la violencia sigue preocupando en la Amazonía; en materia de violación y delitos asociados al racismo, la homofobia, el feminicidio y la estafa.
