A inicios del siglo XX, un viejo cacique indio fue invitado a hacer un recorrido por la moderna ciudad de Nueva York, donde pudo apreciar sus grandes rascacielos y el majestuoso puente de Brooklyn.
Al terminar su viaje, varios hombres cristianos le preguntaron: “¿Qué es lo más sorprendente que has visto?”. Y el cacique, probablemente considerado un salvaje por aquellos hombres, respondió con tres palabras: “Niños pequeños trabajando”.
En septiembre de 1906, el poeta estadounidense Edwin Markham relató esa misma historia en un ensayo titulado “El niño en el telar”, publicado por la revista “Cosmopolitan”, enfocado sobre el auge del impopular trabajo infantil en aquel entonces.
Más de 100 años después, la explotación infantil sigue vigente en el país autoproclamado como “defensor de los derechos humanos”. Durante estos últimos años, varias empresas estadounidenses de prestigio, tanto nacional como internacional, se han visto implicadas en escándalos de trabajo infantil, cuyas víctimas son sobre todo menores migrantes procedentes de países pobres de América Latina, África y otras regiones, revela un trabajo publicado por Xinhua.
Intermediario del tráfico de niños
“El primer día que llegué no quería volver porque era horrible. Hacía mucho frío. Y los carritos que sacábamos de la nevera pesaban mucho. Las máquinas son muy afiladas. Y, si no estás atento, metes la mano y te corta todo”.
Con estas palabras se manifestaba un menor guatemalteco en el documental “Trafficked in America” sobre su experiencia en una granja avícola de Trillium Farms, en Ohio, Estados Unidos, donde limpiaba gallineros, cargaba cajas de pollo, las descargaba, ponía vacunas y cortaba el pico a las gallinas junto con otros siete adolescentes de entre 14 y 17 años.
Cada mañana, antes del amanecer, una camioneta los recogía en una infravivienda móvil destartalada sin calefacción, camas ni baños; trasladándolos a la granja donde debían trabajar hasta 12 horas diarias.
Los jóvenes intentaron escapar. Pero los traficantes amenazaron de muerte a sus familias, en Guatemala, si no trabajaban para pagar la deuda contraída por haber facilitado el transporte y la documentación falsa que hicieron posible su entrada ilegal en Estados Unidos.
En diciembre de 2014, los menores migrantes fueron rescatados finalmente por la Policía tras vivir y trabajar en condiciones de esclavitud durante varios meses.
Para el entonces senador estadounidense Rob Portman, el escándalo de abuso de los menores guatemaltecos en Ohio no era un caso aislado, sino parte de un problema sistémico del Gobierno federal por la desprotección de los niños migrantes no acompañados.
“Según lo que he aprendido hasta la fecha, me preocupa que las fallas en el proceso de colocación de niños (indocumentados) que contribuyeron al caso de tráfico sean parte de un problema sistémico en lugar de un incidente aislado”, declaró Portman, tras una investigación de seis meses realizada en 2015.
Según la ley federal, el Departamento de Seguridad Nacional traslada a los menores migrantes no acompañados que cruzan ilegalmente la frontera a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, una división del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, según siglas en inglés), la cual se encarga de contactar con los familiares de los niños en Estados Unidos o bien de encontrar otros patrocinadores adecuados para alojarlos mediante un riguroso proceso de comprobación sobre sus antecedentes, identificación y llamadas mensuales.
Sin embargo, ante la oleada inesperada de menores indocumentados que viajaron solos, el Gobierno estadounidense recurrió a la simplificación del proceso, dejando de recoger las huellas dactilares de los familiares o patrocinadores e incluso de comprobar los antecedentes penales.
Algunos traficantes aprovecharon estas negligencias gubernamentales para explotar a niños de los países vecinos, engañándoles con falsas promesas, facilitándoles financiación para entrar en Estados Unidos ilegalmente, sacarles de los albergues fingiendo ser sus familiares, conspirar con los contratistas para enviarles a realizar trabajos crueles con identidades falsas y quitarles la mayor parte de sus salarios.
Aunque el HHS debería verificar la situación de todos los menores llamándoles un mes después de comenzar a vivir con sus patrocinadores, los datos obtenidos por el diario estadounidense The New York Times mostraron que, en los últimos dos años, la administración no pudo llegar a más de 85.000 niños. En general, perdió el contacto directo de inmediato con un tercio de los niños migrantes.
“Intencionadamente o no, se puede argumentar que el Gobierno estadounidense se ha convertido en el intermediario de una operación de tráfico de niños a gran escala, con un valor de unos miles de millones de dólares, manejada por los malos que buscan sacar provecho de las vidas de los niños”, aseguró Tara Lee Rodas, quien trabajaba en un albergue de emergencia en California, dependiente del HHS.
Tras descubrir que algunos de los patrocinadores eran traficantes y miembros de organizaciones de crímenes transnacionales, se presentó a denunciarles, pero fue amenazada por personal del HHS.
En abril de este año, durante una audiencia celebrada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Rodas afirmó que “fue terrible al darnos cuenta de que no estábamos ofreciendo el sueño americano a los niños, sino que estábamos sometiéndoles a una esclavitud moderna con malvados”.
Más manejables y más baratos
Entre el 1 de junio y el 22 de agosto de 2022, una niña guatemalteca de 13 años hacía la limpieza a medianoche entre sierras de costillas de res y cortadores de huesos, desde las 23:00 hasta las 05:00, entre cinco y seis días cada semana, en una planta de productos cárnicos ubicada en Nebraska, Estados Unidos.
En algo más de dos meses, sus manos y una de las rodillas se cubrieron de ampollas debido a las quemaduras causadas por los productos de limpieza, altamente cáusticos.
La empresa que empleó ilegalmente a la niña es Packers Sanitation Services Inc. (PSSI), uno de los mayores proveedores de servicios de saneamiento de seguridad de alimentos en Estados Unidos.
Según un comunicado publicado en febrero de este año por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, la empresa empleó a al menos 102 niños, de 13 a 17 años, en ocupaciones peligrosas. Y les envió a trabajar por las noches en 13 instalaciones de procesamiento de carne, en ocho estados diferentes, mientras que al menos tres de ellos sufrieron heridas.
Otras investigaciones revelaron que varias compañías estadounidenses de renombre internacional como Ford, Walmart, General Motors, Target e, incluso, sus proveedores, aparecen en los registros como empleadoras ilegales de menores, mayoritariamente migrantes.
En 2022, se descubrió que dos proveedores de autopartes, en Alabama, emplearon a niños. Uno de ellos contrató a un total de 50 menores, incluidos niños de solo 12 años.
En mayo de este año, tres franquicias de McDonald’s fueron denunciadas por emplear a 305 niños en 62 restaurantes, incluidos dos menores de 10 años, que trabajaban por encima de las horas legalmente permitidas y realizaban tareas prohibidas por ley para adolescentes.
El trabajo infantil ha sido un mal recurrente en Estados Unidos. A finales del siglo XIX y principios del XX, el número de niños trabajadores aumentó drásticamente a medida que se aceleró la industrialización y urbanización.
De acuerdo con la investigación elaborada por el Centro Laboral y Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Iowa, durante el proceso de industrialización del país, en las fábricas y minas, a menudo se prefería emplear a niños porque sus propietarios los consideraban más manejables, baratos y menos capaces de hacer huelgas.
En la actualidad, el problema del trabajo infantil sigue sin resolverse. Los datos publicados por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos muestran que, en el año fiscal 2022, un total de 835 compañías emplearon ilegalmente a más de 3.800 niños, 688 de los cuales trabajan en ocupaciones peligrosas. Y una gran parte de los trabajadores menores de edad provienen de países centroamericanos.
Esto es solo la punta del iceberg. The New York Times sacó en febrero a la luz un reportaje de investigación en profundidad, entrevistando a más de 100 niños migrantes que trabajan en 20 estados de Estados Unidos, incluidos techadores de 12 años en Florida y Tennessee, trabajadores menores de edad de mataderos en Delaware, Mississippi y Carolina del Norte; y niños que aserraban tablones de madera durante los turnos nocturnos en Dakota del Sur.
Según la misma fuente, 12 niños migrantes empleados ilegalmente han muerto en su trabajo desde 2017. Luis Rey Díaz López, de 15 años, se metió en un agujero bajo el agua cuando cortaba arbustos y se ahogó. Juan Mauricio Ortiz, de 15 años, murió en su primer día de trabajo para una empresa de tejados en Alabama cuando cayó desde unos 15 metros. Óscar Nambo Domínguez, de 16 años, murió al caer de la excavadora que manejaba para un proyecto de construcción, que lo atropelló.
En virtud de la Ley de Normas Laborales Justas de Estados Unidos, el Departamento del Trabajo impone una multa de 15.138 dólares por cada infracción relacionada con el trabajo infantil, y de 68.801 dólares por cada infracción que cause lesiones graves o la muerte.
En el caso de PSSI, una empresa con ingresos anuales de más de 450 millones de dólares, solo fue sancionada con 1,5 millones de dólares por vulnerar los derechos de más de 100 menores y ninguno de sus empleados fue declarado penalmente responsable. Las franquicias de McDonald’s, por su parte, solo fueron multadas con 212.544 dólares.
“Si hablamos de una gran empresa, (las multas) equivalen a unos céntimos. Ni siquiera es algo de lo que se den cuenta”, afirmó Reid Maki, coordinador de la Coalición de Trabajo Infantil, agregando que “la multa de 1,5 millones de dólares representó el ingreso de un día para PSSI”.
Según Maki, las penalizaciones económicas por trabajo infantil no son suficientes para garantizar el cumplimiento de la normativa por parte de las grandes empresas, razón por la cual “hay que elevar significativamente las multas”.
Son ‘sus’ niños y no los ‘nuestros’
En 1938, Estados Unidos lanzó la Ley de Normas Laborales Justas, que prohíbe que los niños menores de 14 años trabajen en la mayoría de las industrias, a excepción de la agricultura. Según la misma, a partir de los 12 años, los niños pueden trabajar legalmente un número ilimitado de horas en granjas de cualquier tamaño con el permiso de sus padres, siempre y cuando no falten a la escuela.
Como consecuencia, muchos adolescentes mayores de 12 años trabajan en plantaciones de tabaco y padecen náuseas, mareos, fatiga y otros síntomas de intoxicación por nicotina, advirtió en febrero la Coalición de Trabajo Infantil en un comunicado, comparando esto con la ley que, irónicamente, aprobó el Congreso en 2019 para subir de 18 a 21 años la edad mínima para comprar tabaco y cigarrillos electrónicos en el país.
Según la última encuesta nacional de trabajadores agrícolas de Estados Unidos, las personas empleadas en la agricultura oscilan entre 2,5 y 3 millones en todo el país.
Sin embargo, de acuerdo con la estimación realizada por la Coalición de Trabajo Infantil, la cifra de niños trabajadores dedicados a labores agrícolas es de unos 300.000 a 400.000, una gran proporción de los cuales procede de México y países centroamericanos sin estatus legal.
En opinión de Rebecca Dixon, directora ejecutiva del Proyecto Nacional de Derecho Laboral de Estados Unidos, la aprobación de la Ley de Normas Laborales Justas y sus excepciones sobre los trabajadores agrícolas es una parte fundamental del legado de la esclavitud y el racismo.
A su parecer, debido a la elevada concentración de personas de color dentro del sector agrícola, el Congreso privó intencionadamente a categorías enteras de trabajadores de una protección legal esencial, negando a las personas de color la oportunidad de la libertad económica, social y preservando un sistema en el que los empresarios puedan beneficiarse de la explotación racista.
Por su parte, Jaime Tamayo, politólogo de la Universidad de Guadalajara, México, calificó de “vieja” y “pobre” la legalidad estadounidense en materia de protección de derechos infantiles, al recordar que Estados Unidos es el único país de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas que no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño.
En el año fiscal 2022, los menores no acompañados que entraron a Estados Unidos alcanzaron los 130.000, el triple que la cifra registrada cinco años antes. Y algunas organizaciones de derechos humanos temen que se registre un nuevo auge en la explotación de menores migrantes.
“Claramente, hay una abierta discriminación laboral y de falta de protección de derechos de la infancia hacia niños extranjeros”, consideró Tamayo, para quien el fenómeno es una muestra de “la reaparición de formas simuladas de esclavitud”.
Aún peor, en los últimos dos años, los legisladores de al menos 10 estados de Estados Unidos han introducido o aprobado leyes para suavizar las normas que regulan el trabajo infantil, bajo presión de asociaciones industriales y empresas transnacionales.
En Iowa, se aprobó una ley que permite a los adolescentes de 14 a 17 años trabajar por más horas, mientras que los de 16 y 17 años fueron habilitados para servir alcohol en restaurantes. En Arkansas, se aprobó una ley que elimina los requisitos de permisos que necesitaban los empleadores para verificar la edad de un menor y el consentimiento de sus padres. En Minnesota, se propuso un proyecto de ley para que jóvenes de 16 y 17 años puedan trabajar en obras de construcción. Y así un largo etcétera.
En opinión de Robert Reich, exsecretario del Trabajo de Estados Unidos, en lugar de pagar más para emplear legalmente, los empresarios eligen a explotar a los niños, mientras que los legisladores estatales, dependientes de esas empresas para las donaciones de sus campañas, no dudan en favorecerles con sus leyes.
“Se considera que los niños explotados son ‘sus’ niños y no los ‘nuestros’. Pobres, negros, hispanos e inmigrantes, de manera desproporcionada. Así que se evita discretamente la vergüenza moral de someter a ‘nuestros’ hijos a condiciones de trabajo crueles cuando deberían estar en la escuela”, escribió Reich en una columna del diario The Guardian.
