Desde el Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui (Cleanz), se impulsa la reforma parcial de las leyes regionales de Timbres y Aranceles Fiscales, la Ley de Minerales No Metálicos y la Ley de Servicios Públicos.
En sesión del martes 6 de junio se aprobó por unanimidad la modificación de los instrumentos legales, a través de las comisiones de economía y de control y servicios públicos, dijo el presidente de Cleanz, Andrés Márquez.
El legislador explicó que se realizará la consulta pública correspondiente a estos estatutos, “con el objetivo de debatir junto con el pueblo las modificaciones necesarias para su mejor ejecución”.
Destacó que a la presentación de estas propuestas de leyes económicas asistieron el jefe de gabinete interno de gobierno, Sergio Millán; el presidente de la Corporación de Minas (Corpominas), Pedro Mata; y, el superintendente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Elio Villalobos.
En el caso de la Ley de Servicios Públicos, Márquez precisó que la Contraloría de Cleanz y la Comisión de Servicios Públicos consultaron el proyecto de reforma con la presencia de los prestadores de servicios, el gabinete de servicios funcionarios gubernamentales, la contraloría y el abogado del estado, así como representantes de los servicios públicos. Las cámaras municipales, que tienen que ver con el asunto.
Consejo Legislativo adecua las leyes a las exigencias del poder popular
El legislador dijo que la Ley de Servicios data de 2011 y para su modificación se crearon dos mesas de trabajo para actualizarla y adecuarla “a las nuevas exigencias del gobierno ya la acción comunitaria que demanda el poder popular organizado”.
Informó que la nueva propuesta contiene una serie de aportes realizados por el Ejecutivo regional.
Mientras que la legisladora Lilibeth Elizandre, presidenta de la comisión de control y servicios públicos, junto a su homóloga Silvia Paraqueimo, como vicepresidenta de la comisión, explicó que se trata de una ley de articulación con todos los organismos e instituciones que consta de 4 títulos y 4 capítulos, y que contiene disposiciones generales, prestaciones y transferencias de servicios, participación de las comunidades organizadas, control social, quejas y mesas técnicas.
En el plenario, los parlamentarios expresaron la necesidad de que los servicios públicos como agua, electricidad, recolección de residuos sólidos, gas, telecomunicaciones, entre otros, sean vistos como un derecho humano comunal, y respondan con rapidez a las solicitudes de reparación, mejora e instalación. del mismo de los ciudadanos.
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Se aprueba por unanimidad la modificación de los instrumentos jurídicos
