Un nuevo caso de lavado de dinero involucra a la jefa del fujimorismo, Keiko Fujimori. La candidata presidencial tres veces derrotada, hija y heredera política del encarcelado dictador Alberto Fujimori, está incluida en una investigación fiscal a una organización criminal liderada por el exsecretario general y exdiputado del partido Fuerza Popular, Joaquín Ramírez.
Esta semana, la Fiscalía incautó cerca de 300 propiedades y vehículos de Ramírez, quien también está siendo investigado por narcotráfico.
Keiko es acusada de ser el brazo político de esta organización criminal, brindando protección y beneficiándose económicamente del lavado de dinero. Parte de los 183 millones de dólares que según los primeros cálculos de la Fiscalía fueron obtenidos ilegalmente y blanqueados por el clan Ramírez, estaban destinados a financiar las campañas electorales de Keiko.
Continúan las investigaciones por el caso Odebrecht
El líder del fujimorismo está acusado en otro caso de lavado de dinero, por haber recibido y no declarado más de diez millones de dólares de poderosos empresarios peruanos y de la constructora brasileña Odebrecht, involucrada en un megaescándalo de corrupción regional, para sus campañas electorales de 2011 y 2016. Por este caso, la Fiscalía pidió 30 años de prisión para ella. El proceso oral debería comenzar en los próximos meses.
Ramírez, quien trabajaba como cobrador de autobuses, logró acumular una fortuna de origen desconocido. En 2016, cuando era congresista, jefe de campaña y financista de Keiko, se reveló que la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, estaba siendo investigada por narcotráfico.
Tiempo antes, en 2014, en Perú, la Fiscalía de Lavado de Activos lo había denunciado por lavado de activos. Cuando le pidieron los libros de contabilidad para verificar sus ingresos, dijo que los había perdido cuando los olvidó en un taxi.
Esta semana, el caso recuperó relevancia cuando la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos incautó 295 propiedades de Ramírez, entre residencias de lujo, edificios, oficinas, vehículos y aviones. El monto de estos activos se estima en alrededor de mil millones de dólares.
La investigación fiscal incluye a catorce personas, entre ellas Keiko y un hermano de Joaquín Ramírez, Osías, quien también fue diputado por Fujimori.
Según la investigación fiscal, la organización dirigida por Joaquín Ramírez utilizó a la Universidad Alas Peruanas, cuya administración estuvo controlada por un tío de Ramírez durante dos décadas, para enriquecerse mediante operaciones ilícitas, que incluían contratos fraudulentos por servicios no realizados o sobrevaluados.
La Fiscalía señala que Keiko, además de beneficiarse económicamente de los recursos ilegales de esta organización, participó directamente en al menos una triangulación en la compra y reventa de terrenos como parte de una operación de lavado.
La relación de Ramírez con Keiko es estrecha y se remonta a años. Ramírez financió al fujimorismo y Keiko usó su poder en el Congreso y su influencia en la justicia para darle protección.
El investigado por el lago cedió otro de sus inmuebles en la capital para que funcionara como oficina de Fuerza Popular. También entregó los vehículos. Ramírez se convirtió en la mano derecha de Keiko en esa campaña. Iban juntos a todas partes.
