Una investigación independiente de Nueva Zelanda sobre décadas de abuso de niños y adultos vulnerables publicó un informe final el miércoles que concluye que las agencias estatales y las iglesias del país no impidieron, detuvieron ni admitieron el abuso de quienes estaban en su lugar.
Según el informe, la magnitud de los abusos fue «inimaginable»: unas 200.000 personas sufrieron abusos en siete décadas, muchas de ellas maoríes, indígenas de Nueva Zelanda.
En respuesta al informe, el Gobierno aceptó por primera vez que el tratamiento histórico dado a algunos niños en un notorio hospital estatal fue tortura, y prometió pedir disculpas a todos aquellos que habían sufrido abusos en centros estatales, de refugiados y religiosos desde 1950.
Pero el primer ministro Christopher Luxon dijo que era demasiado pronto para decir cuánto esperaba pagar el gobierno en compensación -una factura que, según la investigación, ascendería a miles de millones de dólares- o para prometer que los funcionarios involucrados en el ocultamiento de abusos perderían sus empleos.
Luxon dijo que el gobierno había escuchado a los sobrevivientes, creyó en su testimonio y estaba consternado por los resultados de la investigación. Dijo que el Gobierno se disculparía formalmente con los supervivientes el 12 de noviembre.