Con la revisión de sesenta (60) casos de presos que se encuentran recluidos en diversos centros de detención preventiva del estado Sucre, el pasado 29 de marzo se inició el plan “Justicia Inmediata” en el oriental estado.
La información fue proporcionada por el Defensor Público General, Daniel Ramírez Herrera, desde la sede del Circuito Judicial Penal, ubicada en la Avenida Carúpano de Cumaná, en compañía del director de la oficina de Gobierno de la región, Onny Parra, el presidente del circuito, Juan Carlos Espín defensores, fiscales y jueces en fase de ejecución.
Ramírez reiteró que este plan forma parte de las políticas de revolución judicial que aplica el gobierno nacional, para evaluar los casos pendientes de los detenidos y a su vez agilizar su proceso judicial.
“Estamos examinando los casos, de acuerdo al mandato presidencial a través de la Comisión para la Revolución del Sistema de Justicia, para responder a todos los privados de libertad que se encuentran detenidos en centros de detención preventiva y en formación judicial”, mencionó.
La máxima autoridad de este órgano del sistema de justicia destacó que con este programa se busca avanzar significativamente en la resolución del hacinamiento y retardo procesal de las personas privadas de libertad que se encuentran en los distintos centros de detención preventiva.
Afirmó que esta acción permitirá revisar los expedientes de los privados de libertad, para evaluar si tienen derecho, según el delito imputado, a una fórmula alternativa para cumplir la pena.
Destacó que durante este proceso se deben registrar ciertos requisitos como: el certificado de la causa penal, el informe psicosocial, los traslados a medicina legal o los traslados interpenales, para que los jueces se pronuncien y evalúen el acuerdo de los fórmula alternativa para servir. la pena que dicte el sistema judicial.
“El objetivo fundamental es que estas personas, de acuerdo a la evaluación de los jueces, luego de cumplir con los requisitos exigidos, puedan insertarse a la sociedad como nuevos hombres y mujeres, respetando, por supuesto, los principios de progresividad y reinserción social”, precisó Ramírez.
Continuarán desplegados en todo el país.
La Defensoría General del Pueblo aseguró que, junto a la Comisión para la Revolución del Sistema de Justicia, seguirán desplegadas a nivel nacional, revisando los casos pendientes de los privados de libertad en los distintos juzgados de ejecución del país.
“Pronto visitaremos el estado Nueva Esparta, luego seguiremos al estado Bolívar y Puerto Ordaz para continuar este camino para que llegue la justicia a todos esos ciudadanos. se cumpla el mandato y garantizar el derecho de defensa de la población carcelaria”, dijo.
El Plan de Justicia Inmediata garantiza la libertad de los procesados por delitos menores
Ramírez Herrera argumentó que el propósito del plan «Justicia Inmediata» es garantizar la aceleración del proceso judicial y fortalecer el derecho a la libertad de aquellas personas que han sido procesadas o condenadas por delitos menores donde la pena no exceda los años.
“En principio, la finalidad de todo este plan es que los privados de libertad que estén procesados o hayan sido condenados por delitos menos graves, me refiero a delitos cuya pena no supere los 8 años, sean puestos en libertad y, que sólo aquellas personas que han cometido un delito grave como el narcotráfico, los abusos sexuales son privados”, explicó.
