Una ley que prescribe crímenes contra la humanidad suscita hoy, en Perú, críticas que la ven como una amnistía secreta para el ex líder Alberto Fujimori y para los militares encarcelados por esos crímenes. La legislación es parte de una ofensiva de la mayoría conservadora en el Parlamento, para aprobar rápidamente leyes y reformas constitucionales en el sector electoral y otras, cuestionadas por quienes dicen favorecer los intereses de ese sector político.
El efecto de la norma, a la espera de una segunda votación de ratificación en el mismo Congreso, no sólo conducirá a la anulación de la sentencia de Alberto Fujimori, que por lo demás fue puesto en libertad gracias a un controvertido indulto, sino que también conducirá a la libertad de la norma. los integrantes del paramilitar Grupo Colina, autor de dos masacres de civiles inocentes por las que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.
De manera similar, el ejército fue juzgado por la violación masiva de mujeres rurales en la ciudad andina de Manta y los ex Ministros de Salud fueron investigados por la esterilización forzada o no denunciada de cientos de miles de mujeres pobres o indígenas.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció que la ley aprobada choca con la obligación, asumida por convenios internacionales constitucionalmente válidos, suscritos por el Estado peruano, de investigar y sancionar violaciones de derechos humanos.
El analista, Gerardo Távara, dijo que la llamada ley de la impunidad es inviable, toda vez que el Estado peruano es signatario de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.
Mientras tanto, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica de Lima rechazó la ley, porque «promueve la impunidad de crímenes atroces» cometidos durante el conflicto interno.
Fuente: Prensa Latina
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