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Su acuciosidad, tenacidad y paciencia le llevó diez años al doctor Jorge Ramos Guerra, exdiputado del Congreso Nacional, exgobernador del estado Lara y docente universitario, a realizar un trabajo investigativo para escribir el libro “Historia de los delitos y juicios políticos en Venezuela,” de 180 páginas, que ha sido editado por Amazon; pero, lamentablemente, no puede esa editorial distribuirlo en Venezuela, aunque sí será posible, mediante una edición reducida, traerlo del exterior, próximamente, a Barquisimeto.
Durante la entrevista concedida a El Impulso, salieron a relucir casos de dirigentes políticos juzgados en el curso de los últimos veinticinco años en el país. Y, por supuesto, el asunto de la corrupción, a lo que el escritor llegó a comentar: Si Maduro aplica la pena de muerte por corrupción, va a acabar con la mitad del país.
Como se trata de una materia muy interesante, sobre todo porque desde el año pasado se han venido ventilando casos de delitos de corrupción, de apropiación o distracción del patrimonio público, de legitimación de capitales y hasta de traición a la patria, aunque no sean tratados estos aspectos de ahora, la obra aborda casos que, posiblemente, no hayan sido conocidos a cabalidad por la llamada clase política, pero que evidencian que en nuestro país la justicia no ha sido imparcial.
Y lo que se ha venido criticando, desde hace cierto tiempo, sobre los procedimientos judiciales, son el reflejo de lo que ha venido pasando desde antes de la creación de la República, ya que, según el estudio hecho por el doctor Guerra Ramos, hasta el padre de Simón Bolívar estuvo involucrado en negocios turbios en la entonces provincia española de Venezuela.
Al dar la noticia del libro, le preguntamos al doctor Ramos Guerra:
¿Qué le llevó a profundizar en los delitos y juicios políticos?
Este es un ensayo escrito en principio por don Lisandro Alvarado y, publicado en 1929, donde él trata muy puntualmente el caso del decreto de guerra a muerte, dictado en Trujillo, el 15 de junio de 1813 por El Libertador; y luego se refiere al asalto al Congreso, el 24 de enero de 1848. La conclusión a la cual llega en esos dos hechos políticos es que fueron delitos de responsabilidad colectiva; es decir, en el asalto al Congreso no sòlo intervino el presidente José Tadeo Monagas, sino que hubo una turba de liberales y conservadores que se enfrentaron y eso conllevo a la muerte de 8 personas, tres de las cuales eran diputados liberales y uno del partido conservador de Antonio José Páez. No había manera, entonces, de establecer responsabilidades individuales.
¿Por qué no hubo responsabilidad en el decreto de guerra a muerte si dicha orden fue dictada por Bolívar?
Esa también fue también una responsabilidad colectiva, porque si es cierto que El Libertador emitió el decreto, quienes lo ejecutaron fue una gran cantidad de personas. Lo único positivo que tuvo el decreto es que conlleva al primer tratado de armisticio en derecho internacional, acordado entre Bolìvar y el general Morillo en Santa Ana para acabar aquella situación, que era demasiado alevosa. Antes de ese decreto, el doctor Antonio Nicolás Briceño, trujillano, le mandó a El Libertador unas cajas con unas cabezas de unos españoles, y eso horrorizó al general Bolívar.
¿Por eso llamaban a Briceño el diablo?
Sí, lo apodaban así. Pero, El Libertador consideró que era conveniente dictar el célebre decreto con las enérgicas palabras: “Españoles y canarios, contad con la muerte, aún siendo indiferentes, si no obréis activamente en obsequio de la libertad de América. Americanos, contad con la vida aún cuando seáis culpables.” Por supuesto, eso lleva a horrores propios de una guerra terrible, pero la responsabilidad no se le puede achacar a El Libertador. Hasta ahí, el planteamiento de don Lisandro Alvarado. Yo de tanto leer este libro, entonces, me dediqué a hacer una investigación sobre una serie de hechos políticos trascendentales.
Juicios políticos del siglo XIX
¿Cuál es el más llamativo?
El que me pareció más importante, que no lo tocó don Lisandro Alvarado, fue el del fusilamiento del general Manuel Piar, el 16 de octubre de 1817, acusado de insubordinación, deserción, sedición y conspiración. Yo estudié mucho este caso y considero que el general Piar fue injustamente fusilado por un empeño de El Libertador, quien tenía bajo control al tribunal militar que conoció del juicio. No hubo derecho a la defensa y fue una decisión arbitraria. Más aún, fue juzgado mediante una ordenanza de la colonia española. Una vez que se dictó la medida se ha dicho que Bolívar lloró al oír los disparos que le quitaron la vida al general Piar.
¿Cronológicamente cuales son los más impresionantes?
El segundo caso que yo toco es el del fusilamiento del coronel Leonardo Infante, el 26 de marzo de 1825 en Bogotá, que era enemigo de Santander. Lo acusaron de haber asesinado al teniente Francisco Perdomo, cuyo cadáver fue encontrado en un río de la ciudad. Tanto el acusado como el muerto eran venezolanos. El caso fue llevado a la Alta Corte de justicia, cuyo presidente, el magistrado Miguel Peña, valenciano, demostró la inocencia de Infante, e incluso la votación determinaba que el procedimiento procedía si era por unanimidad; pero, votaron tres a favor a favor y dos se abstuvieron. Pero, el proceso fue manejado por Santander. De Peña, figura extraordinaria en aquel tiempo, podemos decir que llegó a ser presidente del Congreso de Colombia, y terminó siendo el jefe de la Cosiata, el movimiento separatista de la Gran Colombia.
Después vino otro caso muy emblemático, el del licenciado Antonio Leocadio Guzmán, padre de Guzmán Blanco, gran periodista y editor de “El Venezolano,” periódico muy temido en la época. En ese medio aparecieron unos escritos contra un banquero, quien consideró que era una infamia y al periodista lo llevaron a juicio, condenándolo a la pena de muerte, en lo que fue un delito por libertad de expresión.
La esposa del condenado, Carlota Blanco, fue con su hijo de ocho años, Antonio Guzmàn Blanco, a pedirle clemencia al presidente de la República, José Tadeo Monagas, quien le da el indulto y lo manda fuera del país. Cuando el liberado abordó el barco dijo: “Este va a ser el exilio más corto de Venezuela.” A los meses regresó como ministro del propio presidente que lo había indultado. Increíble.
Luego viene otro hecho insólito como fue el fusilamiento del general Matías Salazar, vicepresidente de la República en el mandato de Antonio Guzmán Blanco, eran compadres, pero como era muy querido por la gente comenzó a conspirar, asesorado por un gran político, Felipe Larrazábal. Se alzó, lo sacaron del país, regresó y siguió conspirando, motivo por el cual a Guzmán no le quedó más recurso que abrirle un juicio que aprobó el fusilamiento, ejecutado el 17 de mayo de 1872.
El hecho más llamativo es que lo juzgaron cien generales, encabezados por quien después sería presidente de Venezuela, el general Julián Castro. Lo fusilaron, igual que como hizo Bolívar con Piar y Santander con Infante. Hubo un réquiem en la iglesia mayor del Guárico y Guzmán se sentía como un Bolívar.
¿Por qué habían tantos generales en ese juicio?
Porque los militares, después de la independencia, se consideraron los herederos de la República y, por supuesto, creían que tenían el pleno derecho de mandar y se habían formado con la experiencia de la guerra. Sus méritos los iban administrando los diferentes jefes para los grados de sargentos, capitanes, tenientes, coroneles y generales. Y llegó un momento en que había más generales que cuarteles. como ahora, cuando no se sabe cuántos son los generales de brigada, de división y generales jefes, Venezuela ha sido un país de generales sin tropas, lo que nos indica que debe llegar el momento en que se tiene que legislar porque eso no puede continuar, y menos ahora cuando es el presidente quien se ha tomado esa atribución y no los parlamentarios.
¿Qué otro hecho importante investigó usted?
En el siglo 19 se produce otro juicio importante como fue el que se hizo con el doctor Miguel Peña. Este abogado, que defendió a Leonardo Infante, fue acusado y condenado por la Alta Corte colombiana, sólo que él logró huir de Colombia.
¿Por qué lo juzgaron?
Por un delito de corrupción. Él, supuestamente, utilizó unos recursos destinados a Venezuela y no llegaron. Pero, el consejo de guerra lo hizo precisamente por la defensa del coronel Leonardo Infante. En la cronología, ese es el tercer caso, ya que hablamos de Piar, Infante, Peña . Antonio Leocadio Guzmán y Matías Salazar.
Después de éste, viene otro juicio político, porque todos eran, evidentemente, juicios políticos. No había juridicidad.
Los hechos del siglo 20
Ya avanzado el siglo 20 ocurre el fusilamiento, el 13 de febrero de 1.907, del general Antonio Päredes tras un juicio al ser acusado de conspiración, invocado por Cipriano Castro, quien ordenó a una corte que lo fusilara. Pero, también al propio Cipriano Castro le llega el juicio ordenado por su compadre Juan Vicente Gómez, a quien le informaron del telegrama que había enviado aquel, cuyo contenido estaba en clave y decía: “la culebra se mata por la cabeza.”
Esa fue la razón por la cual se le da el golpe de estado y se le enjuicia para que no pueda regresar a Venezuela.
¿No dejó por fuera ningún juicio?
No quise tomar en cuenta el asesinato del presidente de Caracas, Luis Mata Illas, a manos de Eustoquio Gómez, quien le dio tres tiros. El estaba rascado en un botiquín y la gente se quejó con el mandatario por el escándalo y cuando acudió al lugar para pedir que se comportara bien, el primo de Juan Vicente Gómez respondió con el arma de fuego que portaba. Lo pusieron preso, le abrieron el juicio y lo enviaron a una cárcel en Maracaibo, después hicieron una revisión de la sentencia y le dieron la libertad, terminando siendo presidente del estado Lara, donde todo el mundo dice que se portó muy bien. Con la casa de Eustoquio, en la esquina de la calle 24 y carrera 17 de Barquisimeto, se echó un pelón el poeta y cronista Ramón Querales, porque prácticamente reveindica a quien venía de ser un carnicero en el Táchira y el asesinato de Mata Illas confimaba que era un sujeto peligroso. Y el último juicio político del siglo 20 fue el que se le realizó al presidente Carlos Andrés Pérez. Ese caso lo revisé con mucha calma y llegué a la conclusión de que la causa fue política. Hay una anécdota que se la digo a usted, contada por Luis José Oropeza, según la cual Pérez dijo: Dejen quieto a Arturo Uslar Pietri, dejen quietos a los “notables,” Quienes enjuician al presidente fueron Rafael Caldera y Luis Alfaro Ucero.
De manera que hubo una maniobra. El asunto es muy discutible, porque a pesar de que él tenía sus reservas con Ramón Escobar Salom, hay unas realidades: El fiscal general recibió una denuncia de José Vicente Rangel y no le quedaba más recurso que procesarla, y al hacerlo metió su inquina que tenía contra Pérez.
¿Por qué la inquina si Escobar Salom era un hombre de su entorno?
Él fue su secretario de la presidencia, su canciller. Fue de todo porque les unían lazos de amistad, ya que fueron compañeros de estudios. El problema de Escobar es muy fácil de explicarlo: Carlos Andrés le pide la cancillería para el doctor Simón Alberto Consalvi, pero Escobar Salom le dice que él tiene que cumplir un compromiso en Francia y cuando regrese atiende su pedido. Resulta que el presidente se entera que Escobar Salom fue a París, regresó y no acudió a poner su renuncia, lo que motivó a que Pérez lo destituyera mediante publicación en la Gaceta Oficial. Esa es la gran verdad.
Pero, aún con eso, Gonzalo Barrios lo propone para fiscal general de la República y en plena reunión del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática, el doctor David Morales Bello le advierte al presidente Pérez: “Ese lo va a enjuiciar a usted.” Carlos Andrés le responde: “Yo no tengo ninguna reserva contra Escobar.” Y Morales Bello le repitió la advertencia que, efectivamente, se cumplió.
Atando cabos se puede llegar a la conclusión de que el juicio fue por una inquina personal, pues, no ha debido actuar de esa manera el fiscal general. Y, por lo tanto, yo estimo que fue un juicio político con arbitrariedad; es decir, no hubo sustancia jurídica para que se procediera contra el presidente, por un error en el traspaso de recursos en la partida secreta y como tal debió ser tomada en cuenta.
Injusticias en el siglo 21
Más tarde, el primer juicio político del siglo 21 es el de Carlos Ortega, porque éste dirigente sindical no participó en el golpe del 11 de abril, ya que se retiró de Miraflores cuando se leyó el decreto que sustituye el nombre de República Bolivariana. Fue acusado de conspirador y condenado a quince años de presidio, logrando fugarse de la cárcel de Ramo Verde.
Luego viene el juicio a Leopoldo López, a quien se le juzgo de forma injusta y pagó cinco años en la cárcel de Ramo Verde. Hubo un estudio del discurso lingüístico y fueron haciendo empates y empates hasta condenarlo.
Después tenemos el juicio al alcalde mayor Antonio Ledezma, que fue un juicio miserable, injusto, quien también se fugó del país.
Y posteriormente viene otro juicio político, intentado al diario El Nacional por Diosdado Cabello, juicio que aparentemente ganó éste, razón por la cual se iba a quedar con la sede del diario impreso, pero resulta que ya Henrique Otero lo había vendido porque aquí se dio el conocido refrán de que el diablo sabe más por viejo que por diablo.
Cuando fueron a ejecutar, no había nada que hacer. Al final, hice un análisis sobre el discurso político y el delito político, cabe señalar que hay estudios muy esclarecedores que han hecho los investigadores de las ciencias penales, como el que una cosa es el delincuente político y otra el político delincuente. El político delincuente es aquel que está en un cargo público y se apropia de unos reales.
¿Qué hizo Tareck El Aissami?
Ese es el típico caso. En este libro si hubiéramos tenido conocimiento de eso y de lo que ha hecho la Contraloría con las inhabilitaciones, ahí cabría textualmente analizar esos juicios, porque los mismos son juicios políticos. Claro, en el caso de El Aissami es un político delincuente. Ha ejercido la política para apropiarse de bienes de la República. Pero, en el caso de los delincuentes políticos es el de los guerrilleros que asaltaban bancos o de grupos políticos armados que cometieron secuestros como el de William Frank Niehous o el de las hijas de Renny Ottolina para obtener dinero.
De estos hubo varios que tuvieron figuración política después de abandonar la guerrilla.
Claro que sí. Casi todos. Ellos buscaban la manera de justificar por razones de dinero sus cuestiones políticas. Por supuesto, esos delitos tienen sus respectivas condenas. Pero, hay una especie de diferenciación entre el político delincuente y el delincuente político. En el caso de El Aissami no lo salva nadie, porque él es el típico político delincuente. Esas son definiciones que vienen desde los tiempos de Gil Fortoul. Para Gil Fortoul, el delincuente es producto patológico de la sociedad y existen maneras de sanciones y correcciones.
Usted dice que trató el discurso político. ¿Qué ejemplo nos puede dar?
Es el típico caso de Hugo Chávez que justificaba las acciones como por ejemplo cuando dijo que la gente bajaba de los cerros de Caracas porque no tenía con qué comer.
Pero también Rafael Caldera, el 4 de febrero de 1992, en el Congreso dijo que era difícil pedirle al pueblo que se inmolara por la libertad y la democracia cuando éstas no eran capaces de darle de comer. Esa fue una exhortación precisamente a la rebelión. Y así hay muchos casos parecidos. Porque no sólo justificó Caldera el intento del golpe del 4 de febrero, sino el Caracazo.El discurso político debe ser muy prudente porque tiene proyecciones de alcance sociales, humanos.
¿Cómo interpreta usted la intención de Maduro, en el sentido de que se implante la pena de muerte a los corruptos?
Hasta 1868 había pena de muerte por delitos políticos. Y después de la guerra federal, por vez primera, se establecieron las garantías constitucionales de los venezolanos y se prohibió la pena de muerte, que ahora Maduro la promueve.
Si se llegara a aplicar la pena de muerte, ¿no cree usted que serían muchos los funcionarios y exfuncionarios de este gobierno que serían ejecutados?
Eso fue una bufonada simplemente para pasarle factura a los que estaban metidos en una conspiración contra Maduro y fue descubierta. Se está hablando de 23 mil millones de dólares y de una mafia. Aquí no puede venir ningún gobierno a exonerar, indultar o perdonar a quienes cometieron ese delito. Hay que ir tras las pesquisas, salvo que se negocie la devolución de los dineros, diría yo por decir algo. Pero, que venga Maduro a plantear pena de muerte, va a acabar con la mitad del país porque esta es una sociedad corrompida, lamentablemente.
Además, existe la muerte cívica en Venezuela, sostiene el doctor Ramos Guerra. La televisión hizo lo que le vino en gana, sobre todo Radio Caracas televisión, y chantajeaba a los políticos. Cuando se aprobó la Ley de Ejercicio del Periodismo, yo era diputado del Congreso y recuerdo que Henry Ramos, paseándose por el hemiciclo, comentó: “Si van a votar esa ley, recuerden que no los van a invitar para “Buenos Días”, en Radio Caracas televisión. Ellos decidieron exacerbar al presidente Luis Herrera por haber decretado la prohibición de la propaganda de cigarrillos y licores, medida que está todavía vigente porque estimulaba el consumo. Y luego hicieron lo mismo con el presidente Jaime Lusinchi porque no les permitió la entrada de unas películas pornográficas por la aduana y no fueron exoneradas. Esa es la realidad.
Usted ha hecho una afirmación muy seria al decir que la sociedad venezolana está corrompida.
Por lo menos la clase política venezolana habría que condenarla a muerte, quedando pocas excepciones. Pero, la verdad es que la sociedad venezolana nació corrompida. Y no es un secreto los negocios que hacía en la aduana de La Guaira el padre de Simón Bolívar, comenzando por ahí.
El Libertador se empeñó en modernizar el Poder Judicial y crear un Poder Moral, que no se le aprobó en la Constitución de 1819, porque según los constituyentistas de aquella época, que deben haber pisado la alfombra por donde caminaban, consideraron que Venezuela no estaba preparada para este tipo de poder, porque prácticamente inducía hasta que los hijos delataran a los padres por hechos que atentaron contra la moral pública. Era muy exigente.
La Constitución de 1999 anexó el Poder Moral, pero es lo más inmoral que tenemos ahora. Después de ese empeño de El Libertador contra la corrupción, el único que lo ha hecho y lo demostró fue Rómulo Betancourt en 1.945 con el célebre decreto de los juicios por la responsabilidad de enriquecimientos ilícitos, y dejaron en la calle como a 200-300 personas, incluyendo al papá de José Vicente Rangel, por lo cual él nunca se lo perdonó a Betancourt.
Esos fueron unos juicios, por supuesto, arbitrarios porque hubo abusos. Le quitaron hasta las joyas a Eleazar López Contreras, a Medina Angarita y a Uslar Pietri lo dejaron en la calle. Hubo mucho abuso, pero fue una manera de demostrar que si se podía combatir la corrupción, cosa que no ha hecho este gobierno en 25 años. Y una demostración de enriquecimiento ilícito de altos funcionarios del chavismo es precisamente El Aissami; pero, no es él quien debe estar preso, sino muchísimos más con él, incluyendo a los de la oposición venezolana.
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