Dentro de una semana se celebrará el Día del Trabajador. Día propicio para presentar las aspiraciones de los trabajadores al gobierno respectivo. En nuestro caso, este día es un llamado contra el autoproclamado “presidente de los trabajadores” por deshonrar todas las conquistas de los trabajadores acumuladas en un siglo de lucha contra los regímenes dictatoriales y democráticos.
Todo es relevante frente a un régimen aquejado de desgracias políticas, que se da “un tiro en ambos pies”, como lo expresó el inefable presidente en su lenguaje proverbial. Tratando de «superar» un año más de exigencias de aumento salarial por parte de los trabajadores de este país. Una afirmación más plausible es enfrentar una inflación acumulada de tres dígitos desde marzo de 2022, fecha del último aumento.
No se especifica salario mínimo
Las tensiones son tan altas que en marzo de este año, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Sindicatos Independientes (ASI) propusieron en un comunicado conjunto que un aumento salarial sea nada menos que 200 dólares al mes. Petición basada en los resultados del IV Foro de Diálogo Social Tripartito realizado en febrero de 2024, en el que se aceptó “el método de fijación del salario mínimo y el cronograma para su fijación”.
Además, en un comunicado de la CTV, se señaló que el plan de acción del Foro de Diálogo Social “prevé la agenda de reuniones bilaterales y trilaterales para que el Gobierno cumpla con los tres acuerdos”. Debemos señalar que hasta el momento no sabemos si se aplicará el método anunciado de fijación del salario mínimo y si se elaborará o no el orden del día de las reuniones previstas con resultados claros.
El silencio del Gobierno sugiere una repetición del escenario del 1 de mayo de 2023, cuando el Gobierno venezolano ordenó un ajuste al ingreso mínimo mensual y no al salario mínimo general: aumento del bono alimentario (de $1,82 a 40) y anunció un salario mínimo. pagar un bono de 20 dólares por “guerra económica”.
Dos años sin ajuste salarial
De hecho, el salario mínimo en Venezuela será de dos años en 2024 sin ajuste. Durante este período, el tipo de cambio oficial cayó un 88% debido a la devaluación del bolívar frente al dólar, moneda dominante en la economía nacional. Como resultado, el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares, o alrededor de 3,60 dólares, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Este monto se complementa con diversos bonos de “protección social” que el Gobierno otorga discrecionalmente a los pensionados y otros sectores de los ciudadanos venezolanos.
Sin embargo, el Gobierno aún no ha anunciado oficialmente un nuevo aumento salarial. La administración de Nicolás Maduro identificó cambios al monto del bono de guerra de 2024 en su mensaje final a la nación desde el Congreso en enero, aprobando un aumento a $60 a partir de febrero y fue designado específicamente para trabajadores que ganan $100. Ninguna de estas bonificaciones tiene ningún impacto en el cálculo de las prestaciones sociales o de bienestar debido a la política estatal de sustituir los salarios por ganancias sin afectar la antigüedad del empleado.
El 90% de los trabajadores están en el sector económico informal.
Una de las demandas más frecuentes en Venezuela es un aumento salarial así como ajustes salariales que permitan a miles de trabajadores del sector público y privado mantener un estilo de vida digno. Un reclamo que se exacerba en ministerios, alcaldes, gobernadores, gobiernos estatales y cámaras autonómicas, cuando a priori se suspende la convención colectiva y sus beneficios sociales. Todo está en el contexto que describen los datos del Cendas-FVM: la canasta alimentaria a marzo de 2024 es de 554 dólares.
Esta falta de definición en la política salarial presenta un panorama sombrío. Según cálculos de los economistas, alrededor del 90% de los trabajadores trabajan en el sector económico informal o reciben dinero de familiares en el extranjero para complementar sus ingresos.
Como vemos, las condiciones de vida son insostenibles para los trabajadores, pensionados y jubilados, quienes tienen una visión pesimista sobre si los resultados del Foro Social convocado por la OIT a partir de 2022 serán exitosos o no. El tema peligra por la actitud del gobierno de convertirlos en acuerdos pintados en la pared, sólo como excusa para blanquear su imagen dictatorial ante el mundo.
Hay que resaltar que el responsable de la falta de aplicación de los acuerdos señalados es el Ejecutivo Nacional, y que son los restantes actores empresariales y trabajadores los responsables de tomar las acciones adecuadas para lograr el trabajo digno, es ignorado en todos sus aspectos desde la realidad laboral en nuestro país.
No podría haber mejor oportunidad que el 1 de mayo de 2024 para mostrárselo al mundo, desde un país donde la gente cree que la diáspora aumentará si el sistema autoritario gobernante no cambia.
Con información de Correo del Caroní
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