Este domingo los ecuatorianos acudirán a las urnas para expresar su apoyo o rechazo a las 11 preguntas de la consulta popular impulsada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.
La mayoría de las preguntas están relacionadas con el ámbito de la seguridad, como el papel de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado, el aumento de penas por delitos graves y la posible extradición de ecuatorianos.
Ecuador atraviesa una profunda crisis de seguridad pública, registrando alrededor de 8.000 muertes violentas en 2023, la tasa de homicidios más alta de América Latina.
Pero también hay otras cuestiones que han generado polémica, como los contratos laborales por horas y el arbitraje internacional en materia de inversiones y comerciales.
El asalto a la embajada de México en Quito (que ocurrió el viernes 5 para capturar al exvicepresidente Jorge Glas) trajo algunos costos importantes, como la ruptura de relaciones diplomáticas con el país encabezada por Andrés Manuel López Obrador, la condena de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el cierre por parte de Venezuela de su embajada y consulados en Ecuador.
Además, la nación andina sufre una grave crisis energética que ha llevado a Noboa a declarar una emergencia en el sector eléctrico, a realizar un «racionamiento temporal» (con cortes de hasta 5 horas diarias) y a suspender el jornada de trabajo durante dos días (jueves 18 de abril y viernes 19 de abril).
Aquí te contamos lo que está en juego con la consulta popular y lo que podría significar para Ecuador la aprobación de las reformas propuestas.
1. Militarización, extradición y endurecimiento de penas
Desde que la violencia se intensificó en Ecuador hace unos cinco años, las autoridades de ese país han declarado periódicamente estados de excepción para que las fuerzas armadas puedan apoyar a la policía en la lucha contra el crimen organizado.
Uno de los objetivos de la consulta popular es permitir un apoyo complementario del ejército a la policía sin necesidad de decretar estados de excepción.
Otro de los interrogantes en la consulta popular en materia de seguridad tiene que ver con las penas por los delitos.
Los ecuatorianos tienen que responder si están de acuerdo o no con el aumento de estas penas en casos como terrorismo, crimen organizado, asesinato, sicariato, trata de personas o tráfico de armas, entre otros.
Para ello, el país debería reformar todo el Código Orgánico Penal.
Por otro lado, los electores tienen que decidir si aceptan que algunos de sus compatriotas puedan ser extraditados por delitos tipificados en la legislación ecuatoriana.
La extradición ya fue rechazada en la previa consulta popular impulsada por el expresidente Guillermo Lasso en febrero de 2023, pero la situación en Ecuador ha empeorado aún más en el último año.
Daniel Noboa destacó la necesidad de implementar esta medida para extraditar a «los más peligrosos». Agencias
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