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Se necesita con urgencia una ley de responsabilidad social corporativa en Venezuela que fomente e incremente la vitalidad y sea menos coercitiva.
Crisanto Gregorio León
Normas de utilidad social.- De hecho, las normas que existen en Venezuela en materia de responsabilidad social empresarial, a pesar de estar dispersas, sin duda tienen su fundamento, las razones de su surgimiento y la comprensión son adecuadas. Sin embargo, su filosofía subyacente, por ejemplo el acto de servicio de la empresa a la sociedad, irradia en contraste con su línea de trabajo; Es prioritario que estas normas sean acogidas y que el tejido empresarial las valore como útiles para la industria o el comercio, ya que son marketing social para garantizar la conveniencia o la exclusión voluntaria y no ayudas obligatorias, sino espontáneas, con acciones voluntarias. proyección.
Participación voluntaria, espontánea o autónoma contra mandato u obligación.- Dado que Venezuela no cuenta con una ley nacional específica que rija la responsabilidad social empresarial, existen varias disposiciones obligatorias (mandatos) y se encuentran dispersas en algunas otras leyes; Como la Ley de Discapacidad; ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo; Ley Orgánica de la Ciencia y la Tecnología; ley orgánica «contra la circulación ilegal de sustancias psicotrópicas y estupefacientes»; y por otro lado, a modo de excepción, no como mandato sino como estímulo o incentivo a la RSE, el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISLR) en sus párrafos duodécimo y decimotercero; en su artículo 344 de la Ley Orgánica de Protección a la Niñez y la Adolescencia y demás disposiciones de la Ley de Régimen Preferente de Vivienda y Residencia. En este sentido, urge unir estas disparidades en una sola ley y transformarlas en un código o un todo orgánico que apoye incentivos fiscales atractivos con el fin de cubrir y fomentar la discrecionalidad de las empresas en su responsabilidad social. Sin embargo, si bien es necesario desarrollar legislación sobre incentivos fiscales a nivel nacional y regional, en las jurisdicciones municipales esto se hace en materia de licencias de actividades económicas, comerciales, industriales, de servicios o similares y de impuestos que es necesario implementar mediante decisiones o reglamentar. todo. También vale la pena crear una herramienta única, un decreto especial para este fin.
¿Cuál es la respuesta al deseo de las empresas de participar o promover una iniciativa social en Venezuela? Por supuesto, las empresas están sujetas a las disposiciones legales vigentes en materia de RSE, cuando sean de obligado cumplimiento; Por tanto, no responden en absoluto a la existencia de incentivos fiscales -porque no existen-, por ejemplo, a través de deducciones en el impuesto sobre la renta. Porque las excepciones confirman la regla de que la responsabilidad social empresarial en Venezuela no es vista como una motivación, sino como un castigo. Si bien el Estado debe garantizar el cumplimiento de acciones puntuales, selectivas y específicas por parte de los empresarios para garantizar el cumplimiento de sus diversas obligaciones a través de los documentos legales reglamentarios pertinentes; Ellos harían cosas más grandes y mejores si se legislaran más incentivos para reducir la carga fiscal. Y, por supuesto, los movimientos sociales empresariales florecen, la empresa y los empresarios se han asegurado de que lo que aportan sea visto y percibido en la comunidad, por ejemplo, cercana, y en su mayoría evitan la evasión porque no quieren. dinero de los impuestos para ser desperdiciado. corrupción sino en inversión social material.
Entonces, ¿es la responsabilidad social corporativa una obligación legal? Más bien, la RSE no debería ser una obligación legal, ya que la filosofía que la inspira es esencialmente un concepto de gestión que se refiere a la contribución activa y voluntaria de las empresas a la mejora social, económica y ambiental. Como práctica que busca optimizar la relación de las empresas con su entorno social y ambiental, no debe ser una obligación legal, por lo que debe tender a la discreción y la espontaneidad, donde el Estado debe legislar con base en ello. Su finalidad es reducir el impacto negativo de la producción, distribución y mantenimiento de la organización en la sociedad en la que opera. Una empresa socialmente responsable es una empresa que entiende y entiende su trabajo y crecimiento corporativo como un fin social, además de un fin específico. El crecimiento corporativo no sólo pasa por grandes edificios y ampliación física de sus sedes o sucursales, sino que su RSC también se refleja en el fondo de comercio y el Know how.
Alivio fiscal.- La Ley Orgánica de Protección a la Niñez y la Adolescencia y la Ley del Impuesto sobre la Renta ya prevén exenciones para que los créditos fiscales, pese al contenido de tales disposiciones, se legislen para hacerlos menos abstractos y menos viables, o deberían ser reformados. Consolidación de las formas y métodos en que una empresa privada puede utilizar el ISLR para obtener descuentos, o en caso de adopción o reforma de la legislación para estos fines (licencias y tributación de los sectores económico, comercial, industrial, de servicios y similares sobre el látigo); la promoción de obras de caridad o de libertades, y el ciudadano común y corriente puede reclamarlas sin la participación de organizaciones, fundaciones o sociedades caritativas, no porque no existan, sino porque son alentadas por otras personas físicas o jurídicas que no son ellos -y un medida para el vecindario: se están tomando acciones, por ejemplo, por iniciativa de personas o grupos de personas en la comunidad, por ejemplo, a través de las leyes pertinentes, para activar las formas y métodos más convenientes para la comunidad o población local, municipal o acciones sociales de la iglesia. o, por ejemplo, instituciones que promuevan o pretendan realizar actividades en atención a niños, niñas y adolescentes necesitados a través de la organización y programación de eventos. Por supuesto, es necesario implementar controles para prevenir fraudes, estafas u otros delitos en los que personas sin principios o valores morales o éticos encuentran lagunas y utilizan las reglas de manera creativa para explotarlas criminalmente.
Una visión de la desaparición o reducción paulatina de determinados impuestos.- Y tocando otras cuestiones, salvo exportar en sus mercados internacionales, independientemente del ámbito en el que se activen o desarrollen sus actividades; Soy de la opinión de que el Estado no debería recaudar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para sí mismo ni para sus ciudadanos; No debería cobrar el IVA sobre ningún producto, actividad o servicio proporcionado por el gobierno (Leviatán de Thomas Hobbes), sino que debería eliminar, suprimir o suprimir impuestos, o desarrollar en la legislación, gravar menos a los ciudadanos y producir convertirse en un estado emisor, y lograr sus objetivos estableciendo fuentes distintas a la obtención de dinero o capital para gastos públicos, pero sin desposeer a los ciudadanos de los recursos naturales del país, de sus actividades financieras, pero sin dañar a los ciudadanos. Estoy seguro que entre las decisiones más perjudiciales para la economía venezolana estuvo la creación del IVA, que fue la primera ley del impuesto al valor agregado en Venezuela, con el Decreto No. 3.145 del Presidente de la República, Dr. Ramón J. Velázquez. 16 de septiembre de 1993. Si, por motivos de recaudación de impuestos, los científicos que gestionan la cartera financiera opinan que se debe mantener el IVA, creo que es un impuesto de expropiación y un desastre económico para los particulares. El Estado crea y mantiene la repugnante y destructiva característica de cobrar a los contribuyentes el IVA por los servicios, actividades o productos del propio Estado, que sigue enriqueciéndose a costa de los contribuyentes. El Estado debería ser un Estado empresarial, y una de sus características debería ser su propia responsabilidad social corporativa y otros aspectos, pero en cualquier caso menos piraña para los contribuyentes. En resumen, estoy a favor de que el Estado deje de ser un Estado garrapata y de chupar la sangre de su propio pueblo.
Para optimizar la responsabilidad social corporativa, se debe fomentarla con créditos fiscales más altos y tasas de descuento más altas. Con control, sí, pero con menos burocracia y menos formalidad.
Crisanto Gregorio León.
Dr. Crisanto Gregorio León
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